Lo que hoy paraliza La Paz y El Alto no es una crisis política. No es una legítima demanda social. Es una asonada organizada por redes delictivas enquistadas en sectores que alguna vez tuvieron rostro sindical y campesino. Bajo la máscara de “movimientos sociales” se agrupan dirigentes sindicales corporativos, organizaciones étnicas como los ponchos rojos y la “Bartolina Sisa”, y grupos de vándalos y delincuentes comunes de El Alto y La Paz. Todos ellos se benefician del caos y de la economía paralela del bloqueo.
No puede normalizarse la violencia como herramienta de negociación.
No es político el bloqueo prolongado de vías que paraliza el transporte y atenta contra el derecho al trabajo y a la salud. No es política la tortura a un policía en la línea azul del teleférico de La Paz, ni la sustracción de bienes de la Fiscalía, ni la agresión a periodistas y ciudadanos. No es político el incendio de un vehículo policial ni el saqueo de muebles públicos. Es delito. Pura y simple.
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Las evidencias públicas muestran que estas movilizaciones responden a lógica de pago y beneficio. Como reseñó El Día en enero de 2025, “los cobros se hacen periódicamente, bajo listas y con sanciones como la pérdida de tierras, expulsión del sindicato y otras acciones antidemocráticas”. Además, los bloqueos se pagan, en promedio, “a 200 bolivianos por día por persona o aún más”. Ese esquema convierte a los movilizados en mercenarios del conflicto y a las dirigencias en empresarios del desorden.
Hay también pruebas sobre el vínculo entre política y crimen. En junio de 2022 el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una denuncia que vinculaba al MAS con financiamiento de un narcotraficante condenado, citando una carta de agradecimiento por “grandes contribuciones económicas” enviada por un alto dirigente. No podemos obviar la gravedad de estas acusaciones ni su potencial efecto en la legitimidad de quienes hoy llaman a la calle.
El problema no es de falta de diálogo; es de interlocutores: dialogar tiene sentido cuando existen demandas legítimas, propuestas claras y voluntad de respetar el Estado de derecho. El gobierno ha ofrecido el diálogo, pero el ofrecimiento choca con un hecho elemental: no se dialoga con quienes extorsionan, secuestran bienes públicos y atacan a la ciudadanía. A esa lógica hay que responder con la aplicación inmediata de la ley.
La respuesta del Estado debe ser proporcional y decidida. Primero, restablecer el orden público usando los mecanismos legales y los cuerpos policiales y judiciales operativos, respetando los derechos humanos pero sin permitir impunidad. Segundo, investigar y sancionar a quienes financian, organizan y ejecutan la violencia: dirigentes que lucran con movilizaciones, grupos que trafican con la necesidad y redes del crimen que se cobijan bajo siglas ancestrales. Tercero, proteger a la ciudadanía: garantizar rutas de transporte, servicios de salud y seguridad en los barrios afectados.
Pero la contención policial es solo la primera columna de una estrategia más profunda. Bolivia necesita reformas estructurales que impidan la captura del Estado por intereses mafiosos y corporativos. La transformación fundamental es clara y urgente: derogar la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, cuestionada por irregularidades en su adopción, y retornar a la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia de 1967, reformada en 1994.
La Constitución de 1967, reformada en 1994, fue sancionada por el Congreso Nacional y estuvo vigente hasta 2009. Introdujo garantías esenciales para la democracia y la seguridad jurídica: reconocía a Bolivia como país democrático, multicultural y plurilingüe; establecía la descentralización judicial al crear el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agrario y el Consejo de la Judicatura; instituía el Defensor del Pueblo para proteger a la ciudadanía de abusos estatales; y regulaba la elección de diputados uninominales y plurinominales. Su estructura de Estado unitario, con poderes independientes y mecanismos claros de reforma, ofrece el marco institucional que hoy falta.
La Constitución actual, en cambio, ha facilitado la captura del poder por dirigencias sindicales y étnicas del altiplano, consolidando un modelo que favorece explícitamente a sectores corporativos y que ha debilitado la independencia judicial. No hay seguridad jurídica para la inversión cuando el Estado puede ser secuestrado por una asonada pagada. El caso de Coca Cola, desincentivada por la inestabilidad, es solo el más reciente ejemplo de lo que ocurre cuando priman la impunidad y la arbitrariedad.
No se trata de satanizar la identidad indígena ni las luchas históricas por derechos; se trata de impedir que la memoria y la dignidad de pueblos enteros sean instrumentalizadas por mafias. Bolivia tiene una mayoría indígena que merece inclusión real, no ser rehén de dirigentes que usan símbolos y rituales para encubrir prácticas delictivas.
La lección política debe ser diáfana: tolerancia cero con el crimen que secuestra la protesta; diálogo con ciudadanos y organizaciones legítimas; reformas que garanticen seguridad jurídica y oportunidades. No podemos permitir que la condena moral y el aplauso mediático a la violencia sigan desviando la mirada de los responsables reales: quienes organizan y financian la asonada.
El país también exige liderazgo. El Gobierno de Paz Pereyra tiene el mandato de restaurar orden y confianza. Eso implica aplicar la ley ya, desarticular las redes delictivas y, al mismo tiempo, encabezar una agenda de reformas que devuelva a la ciudadanía herramientas concretas de progreso local y nacional. No habrá paz si no hay justicia; no habrá desarrollo si no hay seguridad jurídica que atraiga inversión y genere empleos.
La hoja de ruta es clara:
Aplicación inmediata de la ley contra quienes organizan, financian y ejecutan la violencia.
Investigación transparente de las redes delictivas y sus vínculos políticos.
Derogatoria de la Constitución Plurinacional y retorno a la Constitución de 1967 (reformada en 1994), que garantiza Estado unitario, justicia independiente y seguridad jurídica.
Fortalecimiento de la participación ciudadana en salud, educación, vivienda y empleo desde lo local.
Transparencia y control del financiamiento de sindicatos y movimientos sociales.
Finalmente, la sociedad civil democrática tiene que volver a las calles en defensa del Estado de derecho, de manera organizada y pacífica, para mostrar que la mayoría no tolera el chantaje. Exhorto a prefecturas, alcaldías, organizaciones empresariales, gremios y ciudadanos a exigir: investigación transparente, sanciones ejemplares, reformas estructurales y la reconstrucción de un Estado que proteja a todos, no a quienes compran la protesta.
Citar y sancionar. Restaurar y reformar. Esa debe ser la hoja de ruta. No es un debate ideológico; es una batalla por la legalidad, la seguridad y el futuro de Bolivia
Javier Torres Goitia Caballero
Fue ministro de Salud y Deportes