El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, desató una ola de indignación en Bolivia. Las reacciones de autoridades judiciales y líderes políticos reflejan una creciente preocupación por el avance del crimen organizado y el impacto directo sobre la institucionalidad.
Fuente: El Deber
Las balas que acabaron con la vida de Víctor Hugo Claure no solo marcaron una escena violenta en Santa Cruz; su impacto se extendió de inmediato a todo el país, generando una cadena de reacciones cargadas de indignación, alarma y cuestionamientos sobre la seguridad y la capacidad del Estado para controlar a grupos delincuenciales. Desde altas esferas judiciales hasta actores políticos, el crimen fue interpretado como una señal preocupante del avance del sicariato y su alcance sobre estructuras clave de la institucionalidad.
La noche del jueves, 30 de abril, Claure, decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, fue interceptado cerca de la medianoche por sujetos en motocicleta mientras circulaba por la avenida Busch, a la altura del barrio Costanera, próximo al cuarto anillo de la capital cruceña. Los atacantes dispararon y huyeron, dejando una escena que rápidamente movilizó a efectivos policiales y generó conmoción en la ciudad.
El informe forense confirmó que el magistrado recibió cuatro impactos de bala que le provocaron un shock hipovolémico. La mecánica del hecho —ataque directo y fuga inmediata— coincide con patrones de sicariato, un elemento que intensificó la preocupación de autoridades e instituciones.
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Desde Sucre, la Fiscalía General del Estado activó los mecanismos de investigación y anunció el despliegue de fiscales y peritos del IDIF para esclarecer el caso. En su comunicado, la institución aseguró que se llevará adelante una investigación exhaustiva para identificar a los responsables materiales e intelectuales, al tiempo que reconoció el golpe que este crimen representa para el sistema judicial.
El Tribunal Agroambiental expresó “profundo dolor, consternación e indignación” y advirtió que el asesinato constituye una afrenta directa a la independencia judicial. La institución exigió una investigación pronta y efectiva, además de medidas urgentes para garantizar la seguridad de las autoridades jurisdiccionales.
PRESIDENTE DEL TSJ HABLA DE IMPOTENCIA Y BRONCA
Las reacciones más duras llegaron desde el propio Órgano Judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, sintetizó el sentir institucional al hablar de “impotencia y bronca” y denunciar una “ausencia de Estado”. Su frase —que da título a esta nota— refleja la percepción de que el crimen organizado está desafiando abiertamente la capacidad estatal de control.
En el ámbito político, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga calificó el hecho como “espeluznante” y lo vinculó con el avance del narcotráfico violento, advirtiendo sobre una sucesión de asesinatos que, a su juicio, evidencian un deterioro en la seguridad.
Mientras tanto, en Santa Cruz, la investigación avanza con la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones. La presencia de una acompañante en el vehículo al momento del ataque también forma parte de las indagaciones.
El asesinato de Claure no solo deja una víctima, sino un mensaje que resuena en todo el país: la violencia ha alcanzado a uno de los niveles más altos del sistema judicial.
En los últimos días, Santa Cruz registró al menos tres asesinatos en menos de 24 horas, con víctimas acribilladas en distintos puntos del departamento, incluyendo un ataque en una cancha de fútbol y otro dentro de un restaurante. En otro hecho, un piloto fue ejecutado durante un evento automovilístico con múltiples disparos, en un ataque planificado y ejecutado con precisión, que de acuerdo a los expertos de seguridad, es como ejecutan personas ligadas a actividades ilícitas como el narcotráfico.