Las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro fueron criticadas por partidos oficialistas y matizadas por la oposición
La diputada Pizarro aseguró que «si nosotros tenemos en las graderías y afuera del Congreso a la gente protestando por sus derechos, otro gallo canta.”
Fuente: infobae.com
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Mauricio Palazzo
Una álgida polémica provocaron este lunes las declaraciones de la diputada comunista Lorena Pizarro, quien hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en las calles contra el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno, dichos que fueron refrendados por su colectividad pero criticados por personeros oficialistas y hasta por el presidente José Antonio Kast.
“Hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del año 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso la gente protestando por sus derechos —no son beneficios, son derechos—, otro gallo canta”, señaló la parlamentaria en entrevista con radio Nuevo Mundo.
Uno de los primeros en salir a responderle fue el propio mandatario, quien mediante una publicación en su cuenta de X, replicó que “durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso”.
A renglón seguido, la jefa de bancada del PC, diputada Daniela Serrano, retrucó al presidente Kast a nombre de su colectividad:
“Cuando él dice que nosotros estamos dedicados a, con un ambiente de violencia, obstruir gran parte de los avances que quiere hacer este gobierno: primero, no conocemos ningún tipo de avance. Y segundo, si él va a confundir la movilización social, que claramente hay un descontento dentro de la ciudadanía, con hechos de violencia, creemos que él es el que está en estos momentos equivocado”, sostuvo Serrano.
Y a pesar de que varios parlamentarios oficialistas respaldaron dichas afirmaciones, lo cierto es que otros las matizaron, como el diputado Raúl Soto (PPD), quien aseguró que el derecho a manifestarse de la ciudadanía debe ejercerse de manera “espontánea y pacífica”.
“No comparto que existan llamados por parte del mundo político a que eso ocurra. Por el otro lado, tampoco compartimos que el presidente Kast se aproveche de una entrevista o de una cuña específica para extrapolar el argumento, porque hasta donde entiendo no hay un llamado a la violencia. Por lo tanto, también la reacción ha sido, de alguna manera, una sobrerreacción por parte del presidente”, indicó.
El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, pidió incluso analizar la posible disolución del PC.
El rechazo al llamado
Desde la otra vereda política, el senador Iván Moreira (UDI) fustigó el llamado del PC, advirtiendo que “preocupa que algunos sigan entendiendo la política desde la lógica de la presión y la movilización permanente, especialmente cuando Chile viene saliendo de años de violencia, incertidumbre y deterioro institucional”.
De acuerdo a uno de los históricos del gremialismo, “la democracia se fortalece respetando las urnas, las instituciones y la estabilidad del país, no tensionando el ambiente cada vez que los resultados no acomodan a un sector político. Los chilenos esperan responsabilidad, altura de miras y capacidad de conducción, no señales ambiguas que terminen validando el desorden como herramienta de acción política”.
Una opinión similar emitieron desde el Partido de la Gente (PDG), colectividad que afirmó mediante una declaración conjunta que “Chile no necesita más violencia ni enfrentamientos” y que “la violencia no puede seguir siendo la herramienta política en nuestro país”.
Al cierre, uno que fue incluso más allá fue el diputado libertario, Johannes Kaiser, quien pidió al gobierno hacer “valer las responsabilidades institucionales del Partido Comunista por cualquier acto de violencia que se cometa en el marco de las actividades a las cuales están llamando”, asunto que de llegar a suceder, implicaría “iniciar un proceso sancionatorio que puede terminar en su disolución”.
