Hay decisiones que, en principio, suenan correctas, populares e incluso moralmente necesarias, pero que a la larga pueden generar consecuencias negativas. La reducción del salario del presidente Paz y de sus ministros en un 50%, anunciada durante la efeméride de Chuquisaca, entra en esa categoría.
La medida tiene un evidente impacto simbólico. En un momento de restricciones económicas, malestar social y cuestionamientos al gasto público, que las máximas autoridades reduzcan sus ingresos puede ser leído como un gesto de austeridad. Sin embargo, el problema aparece cuando el símbolo pretende reemplazar a una política pública seria de reforma del Estado.
Con la rebaja, el salario presidencial pasará de poco más de Bs. 24 mil a Bs. 12 mil, mientras que el de los ministros bajará de Bs. 22 mil a Bs. 11 mil. Son montos que, comparados con el ingreso promedio nacional, siguen siendo altos; pero frente a las responsabilidades, exposición pública, presión política y nivel de decisión que implican esos cargos, resultan bajos. Más aún, si se los compara con los ingresos de ejecutivos del sector privado, organismos internacionales o profesionales altamente calificados.
La decisión también coloca en una posición incómoda a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si el criterio es la austeridad en la alta función pública, resulta lógico esperar que los asambleístas apliquen una reducción similar. Habrá que ver si están dispuestos, al menos, a discutir el tema.
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Pero el problema no termina ahí. Dentro del propio Ejecutivo será necesario revisar la escala salarial, porque no parece racional que el presidente gane menos que otros funcionarios de la administración pública o que un ministro perciba menos que algunos cargos técnicos, asesores o jefaturas intermedias. Una estructura salarial desordenada puede terminar generando distorsiones, desincentivos y hasta conflictos internos.
Además, pagar muy poco a las máximas autoridades puede producir un efecto no deseado: cerrar la puerta a profesionales calificados que no cuentan con patrimonio, ingresos externos o respaldo económico familiar. En esas condiciones, la política puede quedar reservada para quienes ya tienen recursos propios o para quienes están dispuestos a buscar compensaciones por vías informales.
En el pasado, precisamente para evitar “pluses”, sobresueldos o pagos paralelos de origen dudoso, se planteó la necesidad de sincerar los salarios públicos. La idea era reconocer la experiencia, responsabilidad y capacidad de quienes aceptaban ocupar cargos de alto nivel, porque obviamente eso del “por amor a la patria” tiene sus límites. No se trataba de enriquecer a las autoridades, sino de reducir incentivos perversos y fortalecer la transparencia.
La pregunta de fondo es si bajar sueldos resuelve algo. En términos fiscales, el ahorro es marginal frente al tamaño del gasto público. En términos políticos, puede funcionar como mensaje momentáneo, pero difícilmente sustituye medidas estructurales contra la burocracia excesiva, la corrupción o la ineficiencia estatal.
La austeridad es necesaria, pero debe ser seria, integral y bien diseñada. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un gesto efectista: útil para el aplauso inmediato y efímero, pero insuficiente para resolver conflictos o los problemas de fondo del Estado.