El transporte pesado, el transporte libre, los gremiales de todo el país, plataformas ciudadanas y el Comité pro Santa Cruz rechazaron con contundencia el paro movilizado anunciado por la COB tras su cabildo en El Alto.
Fuente: El Deber
La convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) a un paro general indefinido movilizado, resuelta en su cabildo del viernes en El Alto como presión al Gobierno de Rodrigo Paz, comenzó marcada por el rechazo de sectores clave del aparato productivo y social del país, que cuestionan tanto su legitimidad como su carácter político.
Mientras al entidad matriz, históricamente aliada al oficialismo del MAS durante las últimas dos décadas, decidió radicalizar medidas bajo el argumento de respaldar demandas sociales, dirigentes del transporte, gremiales, cívicos y plataformas ciudadanas advirtieron que la protesta es ajena a las necesidades reales de los trabajadores.
Pese al anuncio de la dirigencia cobista, durante este sábado predominó la normalidad en carreteras, ciudades capitales y terminales de transporte interdepartamental, sin reportes de bloqueos en las principales rutas nacionales.
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El cabildo cobista, realizado el 1 de mayo en El Alto y encabezado por el secretario ejecutivo Mario Argollo, reunió principalmente a sectores mineros y, según reportes de prensa en el lugar, no superó los 7.000 asistentes, una cifra menor a la expectativa generada por sus organizadores. Desde ese escenario, Argollo advirtió que si el Gobierno no atiende de inmediato sus demandas “tiene que dar un paso al costado”.
Sin embargo, las reacciones fueron inmediatas. Pedro Quispe, dirigente del transporte pesado, rechazó la medida y sostuvo que su sector, ya golpeado por la crisis económica, no puede paralizarse.
En la misma línea, el dirigente Juan Yujra, representante del Transporte Pesado en Santa Cruz, acusó a la COB y a la Confederación de Choferes de haber guardado silencio durante anteriores conflictos por combustible y de movilizarse ahora por intereses particulares.
Desde el sector gremial, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales, César Gonzales, lanzó una de las críticas más severas al señalar que el paro “no es una medida en defensa del trabajador”, sino una acción de presión política. Gonzales afirmó que mientras millones de trabajadores informales sostienen la economía sin seguro ni beneficios, la dirigencia cobista busca conflicto para preservar cuotas de poder.
El principal ejecutivo gremial, Toño Siñani, también desconoció a la COB como representante de los trabajadores, acusándola de priorizar intereses personales y cargos.
En la capital oriental, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, reforzó esa línea crítica al asegurar que el país requiere producción y estabilidad, no bloqueos. Cuestionó que la COB carezca hoy de respaldo nacional real y sugirió que su medida puede responder más a cálculos políticos que a una defensa auténtica de los sectores laborales.
Por parte de la COB, el dirigente minero Andrés Paye negó que el pedido de salida de Rodrigo Paz sea conspirativo y sostuvo que solo habría conspiración si se intentara desestabilizar a un Gobierno que estuviera gestionando correctamente, algo que, según afirmó, no ocurre.