Seis meses después del inicio del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, el país parece dispuesto a discutirlo todo: hidrocarburos, minería, litio, tierra, inversión extranjera, arbitraje internacional e incluso una reforma parcial de la Constitución. La agenda es amplia, está todo, menos lo más incómodo: la justicia.
Y, sin embargo, ahí está el punto ciego de la agenda. Porque Bolivia puede aprobar las mejores leyes económicas, atraer financiamiento externo y rediseñar su arquitectura productiva; pero si mantiene intacto un sistema judicial débil, politizado y poco confiable, todo ese esfuerzo será, en el mejor de los casos, frágil. En el peor, inútil.
Cabe recordar que una de las promesas electorales del Presidente Paz fue la creación de “una comisión meritocrática, acompañada de organismos internacionales, para llevar adelante una reforma integral del sistema judicial”, pero esta oferta no se ha visto avanzar.
El gobierno ha convocado a un gran acuerdo nacional para impulsar reformas estructurales orientadas a generar seguridad jurídica y crecimiento. La pregunta que nadie quiere responder con claridad es evidente: ¿qué seguridad jurídica puede existir con los mismos jueces y fiscales cuyo desempeño ha sido cuestionado durante las últimas dos décadas?
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Aquí no hay espacio para eufemismos. El problema no es técnico, es político. Y también institucional.
Lo paradójico es que existe un consenso poco habitual en la historia reciente del país. El Ejecutivo ha reiterado su compromiso con la reforma judicial. Las fuerzas políticas en el Legislativo coinciden en la necesidad de revisar el sistema de elección por voto popular de las altas autoridades judiciales. La judicatura reconoce sus propias limitaciones. La sociedad civil, la academia, el sector empresarial e incluso los sindicatos convergen en el diagnóstico. La cooperación internacional está dispuesta a apoyar. Y, aun así, no hay acuerdo.
Esta incapacidad de traducir consenso en decisión política revela una verdad incómoda: reformar la justicia implica redistribuir poder. Y eso, inevitablemente, encuentra resistencias.
El contexto económico, sin embargo, no permite seguir postergando esa discusión. Las conversaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un programa de financiamiento por hasta 3.300 millones de dólares reintroducen una variable clave: las condiciones.
El informe del FMI sobre Bolivia publicado en el 2025 es claro y, por momentos, implacable. No solo advierte que las actuales políticas económicas son insostenibles y que crecen los riesgos de una crisis de balanza de pagos y fiscal. También identifica un problema estructural más profundo: la debilidad del Estado de derecho.
El diagnóstico es directo: la corrupción se agrava por la débil aplicación de la ley, y la falta de independencia y rendición de cuentas en el sistema judicial alimenta la impunidad. No se trata, por tanto, de un problema marginal, sino de un factor que compromete la viabilidad misma de cualquier reforma económica.
Dicho de otro modo: sin justicia confiable, no hay inversión sostenible. Sin independencia judicial, no hay seguridad jurídica. Sin Estado de derecho, no hay crecimiento que perdure.
Por eso, las recomendaciones del FMI no deberían leerse como una lista técnica más, sino como una hoja de ruta política. Ajustar los mecanismos de selección de jueces, fortalecer la integridad del sistema judicial, reducir la injerencia política y transparentar las decisiones judiciales no son reformas accesorias: son condiciones mínimas para la prosperidad económica.
El país ya tiene, además, insumos concretos para avanzar. La propuesta de reforma constitucional presentada en 2023 por un grupo plural de juristas independientes —a través de una iniciativa popular— ofrece una base legítima para iniciar un proceso de construcción de consensos. Lo que falta no es propuestas. Falta decisión.
Si el gobierno quiere que su agenda económica sea algo más que un paquete de leyes bien intencionadas deberá asumir que la reforma judicial no es un componente más de su programa: es su condición de posibilidad. Postergarla no solo debilita la credibilidad de las reformas. La vuelve inviable.
La reforma judicial es una condición indispensable para dar sostenibilidad a las reformas estructurales que el país necesita en esta nueva etapa. En Bolivia, como en cualquier Estado, la economía puede abrir oportunidades. Pero es la justicia la que decide si esas oportunidades se sostienen o se desvanecen.
Ramiro Orias Arredondo, es Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF )