Chuquisaca. El exgobernador, Esteban Urquizu, fue llamado a declarar en calidad de testigo.
Fuente: correodelsur.com
La Fiscalía General admitió formalmente una denuncia por conducta antieconómica relacionada con la construcción de un pozo de agua fraudulento en la comunidad de Tigüipa Estación, en el municipio de Macharetí, proyecto que data del año 2011.
Marvin Murguía, quien presentó la demanda junto a Nancy Villarruel bajo el amparo de la Ley de Control Social, informó que el caso ya se encuentra radicado en el Juzgado Sexto Anticorrupción de la capital. El proyecto, que tuvo un costo inicial de aproximadamente Bs 738.000 —financiado en un 85% por el Fondo Productivo y Social (FPS) y un 15% por la alcaldía local—, nunca llegó a proveer agua a la zona, lo que representaría un daño económico actualizado de más de 2,5 millones de bolivianos.
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El proceso investigativo derivó en la imputación formal de dos exautoridades y el llamado a declarar de 11 testigos. Los imputados son el exalcalde de Macharetí, Reinaldo Maraz, y el exgerente departamental del FPS Chuquisaca, Walter Balda Rivera.
Por otro lado, destaca la citación en calidad de testigo del exgobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, un hecho calificado por Murguía como histórico e inédito, ya que la exautoridad deberá explicar su participación en la inauguración de una obra que, según las investigaciones preliminares, era de conocimiento general que no funcionaba.
Los detalles técnicos de la denuncia revelan un escenario de engaño sistemático contra la comunidad. Murguía señaló a Correo del Sur Radio que, según testimonios de los comunarios, la bomba de agua fue sustraída el mismo día o días después de la inauguración y que el pozo incluso habría sido dinamitado varias veces para ocultar la falta del líquido elemento.
Actualmente, el Comité de Agua ‘Cristo Rey’ de Tiguipa Estación certificó que dicho pozo no existe para sus registros institucionales, ya que nunca se conectó a la red de distribución ni cumplió función alguna.
El denunciante advirtió que los 11 testigos notificados tienen un plazo de 24 horas para presentarse a declarar o, de lo contrario, se emitirán mandamientos de aprehensión inmediata. Para asegurar la transparencia del proceso, se espera que en los próximos días peritos del IDIF se trasladen a la zona para verificar el estado de la infraestructura, mientras la Contraloría General alista una auditoría técnica prevista para junio.
