El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra los líderes de las movilizaciones, entre ellos el dirigente Mario Argollo de la COB y el senador Nilton Condori. Hay un número indeterminado de heridos, saqueos y destrozos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Por su lado, el Ministerio Público admitió la denuncia contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros dirigentes que lideran las protestas. Ya existen mandamientos de aprehensión. Entre ellos, también figura el senador suplente Nilton Condori, quien arengó a campesinos movilizado a derrocar a Paz. Comenzó, de este modo, un proceso de investigación penal en contra de los denunciados por al menos cuatro delitos vinculados a terrorismo y la instigación a la violencia. Ayer solo se pronunció Condori, quien a través de medios digitales, dijo que se puso “a buen recaudo”, aunque aseguró que “no tiene miedo”. Entre tanto, diversas instituciones de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia católica, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, realizaron un llamado a la pacificación y al diálogo, y se ofrecieron como mediadoras para entablar negociaciones entre el Gobierno y los sectores en conflicto. El canciller Fernando Aramayo aseguró que el Gobierno nunca se cerró a dialogar sobre las demandas de todos los sectores, pero también se preguntó cómo negociar con sectores radicalizados que piden derrocar al Gobierno. Un lunes de terror Los grupos radicalizados ingresaron desde temprano al centro paceño por distintos puntos. El objetivo fue cercar la Plaza Murillo y tomar la Casa Grande del Pueblo y otras entidades públicas. El grupo más numeroso descendió desde El Alto en una larga columna formada sobre todo por grupos evistas que llegaron caminando desde Oruro. También participaron los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos; a ellos se sumaron representantes de grupos vecinales de El Alto. Poco antes que se produzcan los desmanes en La Paz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la protesta buscaba provocar víctimas fatales. Aseguró que ningún uniformado llevaría consigo armas de fuego y que tenían información de la existencia de personas armadas. De hecho, recordó que hay personas detenidas por ello. Fue así que la tensión de las primeras horas de la marcha se convirtió rápidamente en una jornada de violencia sin precedentes. Todas las calles que circundan el Kilómetro Cero se transformaron en escenario de violencia extrema, donde los movilizados hacían explotar dinamitas a cada rato, arrojaban piedras, palos y todo material que llegaba a sus manos, contra los grupos de policías que trataban de contener a la turba, lanzando gases lacrimógenos y resistiendo con sus escudos. A su paso por las calles de la ciudad, ante la mínima expresión de protesta o rechazo ciudadano, los campesinos movilizados reaccionaban con violencia. En innumerables videos que circularon en redes sociales y fueron captados por cámaras de medios de comunicación, se observa a grupos radicales golpeando a personas con palos y chicotes, lanzando piedras, destruyendo vehículos de transporte público, apedreando negocios y kioscos, saqueando tiendas comerciales e instituciones públicas como el Tribunal Departamental de Justicia, además de al menos cuatro estaciones de la empresa estatal Mi Teleférico, que se vieron obligadas a suspender sus servicios no solo en La Paz, sino también en El Alto. Estos hechos se suman a las casi tres semanas de cerco que sufre La Paz, donde ya escasean los alimentos y los medicamentos, mientras el oxígeno en los centros de salud está por agotarse. La situación es insostenible, de acuerdo con testimonios de vendedoras y personas que salieron en busca de alimentos. Comisión de delitos Tras el anuncio de la Fiscalía sobre las investigaciones en curso, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el cerco a La Paz, que genera desabastecimiento, junto con los bloqueos radicales que ocasionaron la muerte de tres personas, pueden considerarse “crímenes de lesa humanidad”, por lo que se activaron órdenes de aprehensión contra los cabecillas. Al respecto, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que hay casi un centenar de personas investigadas por los bloqueos instalados en el país, sin contar a todos los arrestados de la jornada violenta en La Paz. Los delitos por los que se investiga a estas personas son instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, destrucción o deterioro de bienes del Estado, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, y tenencia, portación y/o porte ilícito de armas. Los más afectados Durante cuatro horas, los movilizados asediaron el centro del poder político con consignas orientadas al derrocamiento de Paz. La Policía contuvo la movilización con gases lacrimógenos. Esta situación dejó decenas de heridos entre ciudadanos que transitaban por las calles, trabajadores de la prensa, periodistas, camarógrafos, los propios movilizados y varios policías heridos por los marchistas. Entre los periodistas se reportaron al menos tres heridos de consideración que fueron atendidos por Bomberos, una periodista que cayó desmayada, otros con contusiones y un camarógrafo herido por esquirlas de una explosión de dinamita, según el reporte preliminar de Bomberos. Entre los policías afectados se registró un hecho grave con el uniformado que resguardaba la estación de Mi Teleférico de la línea Celeste, que fue invadida por una horda de saqueadores que tomó el lugar y golpeó brutalmente al efectivo, a quien dejaron inconsciente. Las vendedoras de los kioscos del centro también fueron víctimas de violencia y saqueos, al igual que las oficinas del Tribunal de Justicia de La Paz y vehículos de la Policía, que fueron incendiados.
