Según los abogados del caso, los miembros del Ejecutivo conocían del movimiento de tanquetas. El excomandante del Ejército asegura que el expresidente le dio la orden luego de un partido de básquet. El expresidente rechazó estas versiones.
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“Esto fue montado desde el ámbito político y la defensa va a solicitar que se llame a declarar al expresidente Luis Arce; a Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno; a Edmundo Novillo, exministro de Defensa, y al asesor Hugo Moldiz”, afirmó a EL DEBER Eduardo León, abogado del exjefe militar que está detenido.
Según el jurista, Zúñiga pretende formalizar una denuncia para que Arce y sus antiguos colaboradores comparezcan ante la Justicia. La defensa sostiene que el objetivo de la operación era reposicionar al entonces mandatario, cuya gestión enfrentaba una crisis económica, pugnas en el MAS y denuncias de corrupción.
León aseguró que, cuando se instale el juicio, su defendido detallará las reuniones, órdenes y movimientos realizados antes del despliegue militar. Con esa declaración buscará que el tribunal establezca antecedentes para abrir un proceso contra las exautoridades señaladas. Hasta ahora, la acusación corresponde a la versión de Zúñiga y su defensa.
La versión del exgeneral
“Sí, fue un autogolpe”, declaró Zúñiga la noche del 26 de junio de 2024, pocas horas después de liderar el despliegue de militares y vehículos blindados en el centro político de La Paz. Las tanquetas rodearon el antiguo Palacio Quemado y llegaron hasta el ingreso de la Casa Grande del Pueblo, mientras policías permanecían en inmediaciones de la plaza.
El excomandante lanzó la acusación cuando era trasladado a una patrulla en puertas del Estado Mayor, en Miraflores. Rodeado por policías y periodistas, y mientras el entonces viceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera intentaba alejarlo de la prensa, Zúñiga responsabilizó a Arce de haber pedido una acción para su popularidad.
Dos años después, apartado de las Fuerzas Armadas y recluido en el penal de El Abra, Cochabamba, mantiene esa versión. Asegura que el domingo 23 de junio, en uno de los partidos de básquet que solía compartir con Arce en un colegio de la zona Sur de La Paz, el mandatario ordenó mover equipo militar para una “demostración de poder”.
La relación entre ambos ya había generado cuestionamientos. Zúñiga fue ascendido a general y llegó a la comandancia del Ejército pese a las observaciones por una sentencia ejecutoriada vinculada al manejo irregular de bonos solidarios. También fue cuestionado por su desempeño académico, debido a que ocupó el puesto 48 entre los 65 oficiales de su promoción.
El juicio
El Gobierno de Arce rechazó desde el primer momento la versión del “autogolpe” y sostuvo que se trató de un intento de ruptura del orden constitucional. Sin embargo, el abogado Eusebio Vera dijo que existen testimonios y otros elementos que deben ser examinados en el juicio para establecer quiénes conocían el operativo.
Vera, quien defendió a dos oficiales cercanos a Zúñiga, señaló que después de la supuesta instrucción presidencial se dispuso el traslado de tanquetas desde una unidad militar de El Alto hasta el Estado Mayor. También se habría ordenado preparar material antidisturbios, entre ellos gases lacrimógenos.
En todo caso, por los hechos del 26 de junio se abrieron tres procesos penales. En la causa principal, Zúñiga y otros 21 militares fueron acusados por terrorismo, alzamiento armado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El excomandante es el único de ese grupo que permanece recluido.
En un segundo expediente fueron incluidos abogados y supuestos asesores, mientras que una tercera causa alcanza a tres militares jubilados. Los procesos, impulsados en el Gobierno de Arce, están en juicio.
En las tres causas figuran como acusadores particulares los ministerios de Gobierno, Defensa y Presidencia, además del Viceministerio de Transparencia.
Las defensas de varios acusados anunciaron la presentación de recursos para unificar los procesos, bajo el argumento de que todos se originaron en un mismo hecho y deberían ser debatidos ante un solo tribunal. En ese escenario, Zúñiga pretende volver a instalar su acusación y pedir que Arce, sus exministros y asesores sean convocados para responder por lo ocurrido el 26 de junio de 2024.
