Tarija. El prorrateo aplicado por las entidades financieras ha provocado que muchos usuarios vean sus cuotas mensuales incrementadas, lejos de la promesa de alivio que planteaba la norma original
Fuente: https://elpais.bo
El ciclo de vigencia de la Ley 1670 de diferimiento de créditos llegó oficialmente a su fin el 6 de mayo de 2026. La normativa, promulgada en noviembre de 2025 como una medida excepcional para enfrentar los efectos de la crisis económica, permitió suspender temporalmente el pago de cuotas de determinados préstamos. Sin embargo, una vez concluido el beneficio, han vuelto las preocupaciones de miles de prestatarios que cuestionan la forma en que se está aplicando el cobro de las cuotas diferidas y demandan nuevas medidas de alivio financiero.
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El debate se ha reactivado además por la presentación de un nuevo proyecto de ley impulsado por la diputada Claudia Bilbao, quien propone un diferimiento adicional de tres meses para los sectores afectados por más de un mes de bloqueos y paralización económica.
El alcance de la ley que concluyó
La Ley 1670 estuvo dirigida exclusivamente a créditos vigentes al 30 de junio de 2025 destinados a vivienda de interés social y unidades productivas de micro y pequeñas empresas (MyPEs). La norma estableció un periodo máximo de seis meses de suspensión en el pago de capital, intereses y seguros.
Durante su vigencia también se dispuso la paralización temporal de embargos, remates y ejecuciones judiciales vinculadas a este tipo de créditos, además de prohibir la aplicación de multas, penalidades e incrementos de tasas de interés como consecuencia del diferimiento.
No obstante, una vez concluido el beneficio, los prestatarios comenzaron a advertir incrementos en sus cuotas mensuales debido al mecanismo de prorrateo aplicado por las entidades financieras.
Nueva propuesta legislativa
En este contexto, la diputada Claudia Bilbao anunció la presentación de un nuevo proyecto normativo que plantea un diferimiento de tres meses para los sectores afectados por los recientes conflictos sociales.
La legisladora explicó que la iniciativa busca evitar los errores observados en anteriores procesos de diferimiento.
“Estamos pidiendo que haya una ley de diferimiento para tres meses. Si este mes no hemos trabajado, podamos pagar en junio o julio, pero sin que nos suban los intereses, como ocurrió durante la pandemia”, manifestó.
La propuesta pretende beneficiar a trabajadores por cuenta propia, gremiales, transportistas y otros sectores que vieron reducidos o paralizados sus ingresos debido a los bloqueos registrados en distintas regiones del país.
Las observaciones de los prestatarios
Desde la Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija observan con preocupación el resultado que dejó la aplicación de la Ley 1670. Y advierten que una nueva ley por tres meses, no es suficiente, peor aún si se aplica de la misma manera en la que se ejecutó la última norma.
El economista Roberto Castillo, quien asesora a este sector, recordó que inicialmente se anunció que las cuotas mantendrían el mismo valor una vez concluido el periodo de gracia.
Sin embargo, señaló que posteriores disposiciones reglamentarias permitieron a las entidades financieras distribuir los montos diferidos en las cuotas restantes del crédito.
“Si una persona pagaba 1.200 bolivianos antes del diferimiento, ahora se encuentra con cuotas de 1.250 o 1.260 bolivianos, dependiendo del plazo restante. Eso afecta directamente la economía familiar”, explicó.
Castillo sostuvo que el principal problema radica en que muchos prestatarios no tienen claridad sobre cuánto terminarán pagando ni cómo se reestructuraron sus planes de amortización.
Según indicó, existen casos en los que las cuotas se incrementaron entre 500 y 600 bolivianos, mientras que otros prestatarios recibieron nuevas tablas de pago que extienden significativamente los plazos originales de sus créditos.
“Hay personas que tenían créditos de vivienda social a 25 años, ya habían pagado 10 años y ahora nuevamente aparecen con plazos similares a los iniciales y con una deuda que prácticamente no disminuye”, cuestionó.
Los cambios que demandan
Frente a la nueva propuesta legislativa, los prestatarios consideran que un nuevo diferimiento solo será efectivo si incorpora modificaciones de fondo.
Castillo señaló que el concepto de diferimiento debe significar una congelación real del saldo de capital sin generar intereses adicionales, cargos extras o incrementos posteriores en las cuotas.
Asimismo, planteó que la discusión no debería limitarse a tres meses de suspensión, sino analizar mecanismos de reprogramación más amplios que permitan a las familias y pequeñas unidades productivas recuperar estabilidad financiera.
Entre las principales demandas figura que los pagos puedan reanudarse recién a partir de 2027, con reglas claras y cuotas previamente definidas, evitando incertidumbre para los usuarios financieros.
Congelamiento
Economista advierte que un nuevo diferimiento sin congelamiento de capital será otra carga para las familias
Plantean una mesa técnica para la nueva ley
El economista, Roberto Castillo, señala que si se da este nuevo proyecto de ley de diferimiento de crédito, tiene que hacerse una mesa técnica, donde se plante bien qué es un diferimiento, qué es un periodo de gracia, qué es una prórroga, qué es una reprogramación, qué es un refinanciamiento. “Tiene que estar claro todo esto para los clientes, para que ellos escojan la mejor alternativa y que no comiencen a fallar cuando ya tengan que comenzar a pagar”, dijo.
Mencionó que los usuarios que son beneficiados por este tipo de normativas, no solamente son los que se han visto afectados por esta crisis económica, sino que la mayoría de estos sufrió su debacle durante la pandemia del Covid-19 y no han podido recuperarse económicamente.