Admiten acción popular contra bloqueos presentada por la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña


La Sala Constitucional Cuarta de La Paz admitió el recurso presentado por la asambleísta María René Álvarez y fijó una audiencia virtual para el 10 de junio.

Admiten acción popular contra bloqueos presentada por la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña

La presidenta de la ALD, María René Álvarez, en conferencia de prensa

Fuente: El Deber



Por Juan Carlos Fortún

La mañana de este martes, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, informó que la Acción Popular presentada por su persona contra los bloqueos fue aceptada por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz y además se fijó una audiencia virtual para el próximo 10 de junio.

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“Ayer (lunes) nos notificaron con la admisión de la misma. Nosotros habíamos presentado este recurso como parte de las acciones que podemos tomar de manera constitucional cuando se ven vulnerados tus derechos”, dijo la presidenta del legislativo departamental en conferencia de prensa.

La autoridad departamental añadió que este recurso fue interpuesto contra las autoridades responsables de la seguridad interna del Estado, ante las afectaciones al libre tránsito, la seguridad alimentaria, la salud, la paz social y otros derechos colectivos.

Álvarez también informó que esta acción fue presentada a petición de ciudadanos perjudicados por el escenario de conflictividad, advirtiendo que, tras 32 días de bloqueos, se registran afectaciones económicas, restricciones al tránsito y perjuicios en distintos puntos del país.

“Esperamos que se actúe conforme a ley y que se valoren las pruebas. Lo único que estamos pidiendo es que las autoridades llamadas por ley a actuar cumplan con su obligación de garantizar el respeto a los derechos de los bolivianos”, manifestó.

Finalmente, la autoridad expresó su expectativa de que la tutela constitucional sea concedida en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado, con el objetivo de resguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía.