Aunque motivados por intereses particulares y localizados mayormente en tres departamentos, los dos meses de bloqueos han expuesto profundas raíces —y consecuencias— políticas, económicas y humanas, que afectan al país, su economía y la sociedad. Más allá de las motivaciones específicas, es innegable que los bloqueos se pudieron mantener gracias a que miles de personas estaban dispuestas a bloquear a cambio de un salario mínimo nacional.
Una vez más, la realidad ratifica que “la salud de la economía no se mide por su tasa de crecimiento, sino por su capacidad de brindar bienestar a toda la ciudadanía”. Superada la crisis de los bloqueos, y antes que surja una nueva crisis, es tiempo de extirpar, estructuralmente, la causa raíz que alimenta la conflictividad: la pobreza extrema originada y alimentada por la precariedad del empleo y de los magros ingresos que este genera.
¿Cuáles deberían ser los rasgos distintivos de esa “economía para la gente” o, en general, de una economía que supere los problemas e inequidades que caracterizan hoy a la economía boliviana? En particular, ¿cuál es el cambio fundamental que distinga el aporte empresarial a una nueva economía que supere los modelos previos que tuvieron tan pobre desempeño económico para la gente?
Una economía inclusiva debería tener como conceptos base: que la fuente de la riqueza social son la iniciativa, la creatividad, y el trabajo humano; la remuneración al trabajo es el mecanismo directo de distribución del ingreso conforme lo crean los procesos productivos; el salario de los trabajadores depende de una decisión empresarial limitada por la productividad y está orientada —no dictada— por el mercado; el nivel de empleo depende, y determina, la demanda agregada, y el nivel de actividad económica depende de la capacidad de consumo del ingreso disponible de los hogares.
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El extractivismo y el rentismo que dominan la economía nacional conciben el crecimiento como solo dependiente de los precios y de las cantidades de recursos naturales (materias primas) explotados, de las inversiones que viabilizan esa explotación o de las rentas que genera el mercantilismo.
Por el contrario, si una economía “para la gente” privilegia al esfuerzo humano como la fuente de la riqueza y concibe a las personas como las beneficiarias principales del crecimiento, cambia la base conceptual del crecimiento extractivo-mercantil por la convicción de que la generación de valor en la economía resulta de la cantidad de personas trabajando y de la productividad con la que lo hacen.
Si el PIB depende de la cantidad de personas “empleadas productivamente”, toda política pública o privada que resulte en el aumento sostenible de actividades económicas con mayor cantidad y calidad de empleo productivo contribuirá directamente al crecimiento económico y a la equidad social, porque la remuneración al trabajo crece al ritmo que lo hace la productividad.
En consecuencia, todas las políticas y metas “sectoriales” (fiscal, monetaria, social, laboral, etcétera) no son fines ni pueden definir las metas en indicadores específicos y autónomos (déficit fiscal, tasa de inflación, tipo de cambio, etcétera); por el contrario, lograr metas de creación de empleo y la mejora de la productividad maximizando la creación de valor con equilibrios entre oferta, demanda y medioambiente de manera sostenible habrá establecido los “valores correctos” de esos indicadores, sin que importen las magnitudes específicas.
En síntesis, toda política que resulte en la creación sostenible de empleo digno y productivo se traduce, necesariamente, en crecimiento económico.
El concepto del esfuerzo, la creatividad y el emprendimiento humanos como la base para la creación de la riqueza social es el punto de partida para reconfigurar las relaciones que entronizaron, hasta ahora, el nefasto patrón de crecimiento extractivo-rentista, como la causa-raíz de la pobreza y la exclusión vigentes.
Las condiciones que la sociedad requiere para crear empleo digno y sostenible, en un proceso viable socialmente, pueden variar con el tiempo debido a factores internos y externos. Sin duda, el punto de partida es la capacidad de crear valor o de agregar nuevo valor a los activos disponibles en la economía y en la sociedad. Sin embargo, el valor creado o añadido solo se materializa el momento en que el bien o el servicio que incorpora el nuevo valor es vendido en el mercado. Por lo tanto, el mercado, más específicamente su capacidad de demanda, es condición necesaria para que exista valor agregado y se manifieste con múltiples formas en el conjunto de la economía.
Pero como mostramos en oportunidades anteriores, anualmente los impuestos ($us 6.000 millones transferidos al precio final de los productos), los intereses y comisiones al sector financiero ($us 4.000 millones) y el contrabando que resta demanda a la producción nacional ($us 4.000 millones) reducen anualmente en $us 14.000 millones (un 40 % del PIB con el tipo de cambio actual) la capacidad de demanda del mercado interno.
Recuperar la mitad de ese monto como capacidad de consumo anual justificaría crear unos 300.000 puestos de trabajo con una productividad comparable a la del promedio de América Latina. Corregir estas distorsiones sería un paso elemental para reconducir la economía sin acentuar condiciones de mayor dependencia en factores externos.
Teniendo el mercado potencial, el desafío siguiente es desarrollar y fortalecer las capacidades productivas que permitan satisfacerlo; la mejora continua y permanente de la productividad en las unidades económicas; el desarrollo de la competitividad para mejorar la productividad, y la construcción de una visión social orientada a una “cultura productiva, económicamente competitiva, ambientalmente comprometida y socialmente equitativa”, como la base de la institucionalidad que asegure la mejora constante en la capacidad de generación de valor del aparato productivo.
Finalmente, el desarrollo es, en esencia, un fenómeno local. Configurar las condiciones para crear empleo digno dependen en gran medida de la articulación y de la coherencia para aplicar las políticas de desarrollo —productivo y humano— en todas las entidades autónomas, porque la diversificación productiva es relevante en tanto aporta a mejorar las condiciones específicas de su contexto local.
En resumen, una cumbre para acordar políticas de desarrollo debe asegurar que sean las iniciativas y el esfuerzo de las personas —no el capital ni los recursos naturales “del Estado”— la fuente primaria de generación de valor en la economía, y que los beneficiarios directos y finales del crecimiento sean también las personas y sus hogares, no los políticos que administran el Estado o lucran de él.
Para ello, la prioridad de las políticas públicas debe estar en asegurar la competitividad social que aliente la permanente diversificación del aparato productivo, orientando el gasto público “deficitario” a la construcción de la infraestructura física, intelectual y tecnológica que sustente el proceso total.
Enrique Velasco Reckling es PhD, investigador en desarrollo productivo de Inaset.