Las víctimas de un conflicto no son solo aquellas que pierden la vida en enfrentamientos, también cuentan los grupos vulnerables que silenciosamente sufren los efectos de medidas de presión que impiden el tránsito normal de medicamentos, suministros y alimentos. La medida criminal del bloqueo es disfrazada de protesta social por cúpulas sindicales que han traicionado su esencia para convertirse en hordas de choque que mantienen al país bajo una asfixia intolerable. Un posible cálculo electoral o el temor al costo político de una decisión no puede primar para una gestión a la que le restan más de cuatro años de mandato.
Fuente: El Diario
Indicando que la población boliviana ya no puede seguir aguantando una especie de “condena a muerte invisible” y el colapso del sistema de salud a causa de los bloqueos de las carreteras organizados por “cúpulas sindicales”, el exsenador Henry Montero, aseguró que las organizaciones actualmente movilizadas, promueven la sedición y no buscan el diálogo sobre un pliego petitorio, sino deponer a un gobierno electo recientemente.
Mediante una carta abierta dirigida al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, el exparlamentario manifestó su consternación por la actual situación del país y el efecto que los bloqueos están teniendo sobre el sistema de salud, por lo que pidió hacer que se imponga la Constitución Política del Estado.
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“Me dirijo a usted en mi condición de ciudadano boliviano y exsenador de la República, impulsado por la profunda consternación, la impotencia y el dolor que embargan a millones de compatriotas que hoy nos encontramos rehenes de un bloqueo de carreteras que ya suma 30 días. Esta medida criminal, disfrazada de protesta social por cúpulas sindicales que han traicionado su esencia para convertirse en hordas de choque, mantiene al país bajo una asfixia intolerable”, señaló Montero.
Asimismo, resaltando que el Gobierno insista en agotar la vía del diálogo antes de asumir otro tipo de medidas que puedan derivar en confrontación y muerte, el exsenador aclaró que las víctimas de un conflicto no son solo aquellas que pierden la vida en enfrentamientos, también cuentan los grupos vulnerables que silenciosamente sufren los efectos de un bloqueo de caminos con el que se impide el tránsito normal de medicamentos, suministros y alimentos. Situación que se asemeja a una “condena a muerte invisible”.
“En una reciente entrevista ante una red internacional de noticias, usted manifestó con firmeza que no le daría un muerto a quienes promueven el caos y buscan la victimización política. Sin embargo, con el debido respeto, es imperativo recordarle que las vidas de los bolivianos no solo se extinguen por balas o piedras en un enfrentamiento directo; los muertos en nuestro país también se están cobrando silenciosamente en las salas de los hospitales por la falta de oxígeno, la escasez de medicamentos de primera necesidad y el desabastecimiento de alimentos provocado por el cerco a nuestras carreteras”, agregó el galeno, apuntando que el sector salud y la ciudadanía en general ya no pueden tolerar esta lamentable realidad.
En su criterio, es comprensible la “prudencia política” con la que se maneja el actual gobierno, sin embargo, el cálculo electoral o el temor al costo político de una decisión no puede primar para una gestión a la que le restan más de cuatro años de mandato, porque de ser así, se pone en riesgo la vida de inocentes.
Otro aspecto cuestionado por Montero tiene que ver con los grupos radicales que actualmente incurren en sedición promoviendo una conspiración contra la actual administración, quienes han malinterpretado esta prudencia como una muestra de debilidad del Gobierno democrático.
“Hoy nos preguntamos: ¿Bajo qué premisas se puede convocar a un diálogo? Los sectores movilizados han sido explícitos al señalar que no les interesa discutir un pliego petitorio, sino forzar su renuncia y el acortamiento de su mandato constitucional. Asimismo, condicionan cualquier acercamiento a la suspensión de órdenes de aprehensión de sus dirigentes”, observó.
Para el exparlamentario, ceder ante este tipo de actitudes sería igual que validar la extorsión judicial, vulnerar la independencia de poderes y otorgar una licencia de impunidad a la delincuencia organizada en desmedro del ciudadano de a pie, situación que hace jurídicamente inviable un diálogo que hasta la fecha ha sido inexistente, al menos de un lado.
“Señor presidente, la Constitución Política del Estado no es una sugerencia ni una carta de negociación; es de cumplimiento obligatorio. Como máxima autoridad del país, usted está facultado y obligado por ley a precautelar la seguridad del Estado, el orden público y los derechos fundamentales de la mayoría absoluta de los bolivianos que nada tenemos que ver con los intereses personales de estos grupos”, indicó.
Finalmente, Montero exigió acciones concretas e inmediatas para restablecer de manera urgente la asistencia médica y el libre tránsito en las rutas del país, tomando en cuenta que diálogo propuesto por el Gobierno no es posible por la intransigencia de grupos sediciosos.
“Corresponde ahora la aplicación irrestricta de la ley mediante el uso legítimo de la fuerza pública. De lo contrario, la inacción estatal convertirá al gobierno en corresponsable de las vidas que trágicamente se cobran por falta de atención en los hospitales”, acotó.
Fuente: El Diario