Dr. Javier Torres Goitia Caballero
El proceso que hoy transcurre en Bolivia no tiene precedentes en su historia: la transición de un modelo estatal vinculado al narcotráfico hacia un Estado Democrático, impulsado por la vía del consenso y el diálogo.
El pasado viernes fuimos testigos de cómo las cúpulas delictivas, encaramadas en la dirección sindical más importante del país, claudicaron ante la estrategia del Gobierno de Paz Pereyra y de la sociedad civil en general. Es de hidalgos reconocer —en mi caso particular— que desde la primera semana de esta asonada violenta tuve la impresión de que el Ejecutivo se mostraba débil y carente del coraje para enfrentar la crisis. Me equivoqué, como muchos que analizamos la política desde fuera. No alcancé a comprender que existía un plan en marcha.
Hoy, la estrategia ha dado frutos y ese frente delincuencial se encuentra fracturado en facciones que se acusan mutuamente de violentas o traidoras. Esperemos que este sea el principio del fin de la criminalidad incrustada en la administración del Estado boliviano. Cegados por la soberbia del narcotráfico y 23 años de prebendas, creyeron que el maximalismo de sus demandas pondría de rodillas a la sociedad y al gobierno. No fue así. Ahora ha quedado claro que el ciudadano común en Bolivia los repudia y exige, clamorosamente, un castigo judicial y económico.
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Desde el primer día de este «narco-conflicto», la población civil salió en defensa de la democracia, la libertad y la paz, exigiendo el entierro definitivo de la dictadura criminal de las seis federaciones del Chapare. El desenlace del viernes no es otra cosa que la capitulación de un grupo atrincherado en el Trópico de Cochabamba, poseedor de un ingente poder bélico y monetario de origen ilícito. Bolivia logró —tras 51 días de asfixia y sacrificio, sufridos esencialmente en el occidente del país— marcar un punto de inflexión definitivo en la historia nacional.
Sin embargo, la derrota táctica del delito en las carreteras no garantiza, por sí sola, una transición estable. Para evitar que el país quede expuesto a un nuevo levantamiento, el camino hacia la recuperación democrática debe cimentarse sobre reformas estructurales profundas. Sería un error de cálculo histórico asumir que la paz social se sostendrá únicamente con el repliegue de los violentos; la estabilidad real nacerá de la solidez de nuestras instituciones.
El desafío inmediato radica en reconocer que la actual Constitución Política del Estado Plurinacional fue diseñada como un traje a la medida del régimen saliente. Al otorgar poderes extraordinarios e hiperpresidencialistas a la administración del Estado, la Carta Magna terminó facilitando la captura institucional por parte de mafias corporativas. Este diseño debe corregirse con celeridad republicana. Mientras la administración de justicia continúe operando como un poder fáctico al servicio del delito y de la impunidad, ningún triunfo político será definitivo. El Órgano Judicial necesita una cirugía mayor que le devuelva su esencia: la aplicación de la ley y no el blindaje de la ilegalidad.
Esta misma lógica asfixiante se replica en nuestra economía. El modelo económico y la ley de inversiones vigentes permanecen encadenados a la visión estatista y restrictive de la CPE, lo que frena la reactivación y ahuyenta el capital que Bolivia necesita con urgencia para generar empleo genuino. El Estado debe dejar de ser el patrón absoluto para convertirse en el garante de la seguridad jurídica.
Finalmente, la reconstrucción del pacto social exige mirar hacia los pilares del bienestar ciudadano: la salud y la educación. En esta ruta de transformaciones, el sector salud requiere un cambio de paradigma que priorice el primer nivel de atención médica, descentralizando los servicios para llevar la salud al corazón de las comunidades. Para lograrlo, es fundamental recuperar el espíritu de la Participación Popular, involucrando activamente a la sociedad y a los gobiernos locales en la gestión, fiscalización y sostenibilidad de sus propios sistemas sanitarios; la salud se construye desde el territorio, no desde los escritorios ministeriales.
De igual manera, la educación y el aparato judicial deben refundarse bajo un principio inquebrantable y sepultado durante las últimas dos décadas: la meritocracia. En las aulas bolivianas, el ascenso y la dirección deben responder a la capacidad pedagógica y académica, no a la lealtad sindical ni al adoctrinamiento partidario.
Este mismo rigor debe ser el pilar de los tribunales. La administración de justicia no puede seguir siendo el premio de consuelo de militancias obsecuentes ni el brazo operativo del delito. El acceso a la magistratura debe estar blindado por la excelencia profesional, la idoneidad ética y el concurso público transparente. Solo cuando los mejores profesionales ocupen los estrados y las aulas, y la comunidad gestione su salud, Bolivia habrá cerrado la puerta definitivamente al populismo delictivo