Además conformaron un Pacto de Unidad entre los sectores movilizados.
Por eju.tv / La Paz
El cabildo de juntas vecinales, en el peaje de la Ceja de El Alto, determinó este martes no acudir al diálogo convocado por la Iglesia Católica y Derechos Humanos y ratificó como única demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz, luego de más de un mes del paro indefinido que tiene paralizado a siete de los nueve departamentos.
Del acto participó el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien se había declarado en la clandestinidad por el proceso que le inició por terrorismo el Ministerio de Gobierno, al igual que Justino Apaza, dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).
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Al igual que lo hizo la COB, el domingo en La Paz, los vecinos de la ciudad de El Alto determinaron no acudir al diálogo convocado por la Iglesia, Derechos Humanos y la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Además, ratificaron “como única demanda el pedido de renuncia del presidente” y se conformó un Pacto de Unidad entre los sectores movilizados desde inicios de mayo.
En el acto, Argollo dio su pleno respaldo a los vecinos de El Alto, uno de los municipios mas afectados por el paro indefinido que inició el 2 de mayo.
Señaló que tampoco se puede dejar sola a las organizaciones sociales que están cumpliendo la medida de presión en el resto del país como en Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca y dejó en manos de ellas un eventual acercamiento con el Gobierno nacional.
Hasta esta jornada, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 90 puntos de cortes de ruta en siete de los nueve departamentos del país, de los cuales Cochabamba concentra 32 puntos.
Desde el Gobierno se ratificó la apertura al diálogo para superar este conflicto.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en el país en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026.
Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, hizo un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática.