La Justicia estadounidense endureció la acusación contra el uruguayo Sebastián Marset al incluir delitos federales graves y nexos con el Clan del Golfo. El cambio legal se da tras denunciar supuestas presiones a su madre por criptomonedas.
La Justicia estadounidense endureció la acusación contra el uruguayo Sebastián Marset
Fuente: https://www.abc.com.py
El panorama judicial de Sebastián Marset se complicó en los Estados Unidos. Los fiscales federales norteamericanos presentaron una segunda acusación formal en su contra, donde añadieron los cargos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína, según informó la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
La ampliación de la carátula judicial se dio a conocer pocos días después de que el propio Marset enviara una carta a un juez federal. En dicho escrito, el uruguayo, quien lideró una red criminal con fuerte arraigo en Paraguay, afirmó que agentes federales estadounidenses habían presionado a su madre para que entregara las contraseñas de acceso a su billetera virtual de criptomonedas.
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Las cuatro acusaciones que enfrenta Marset en EE.UU.
Con esta nueva modificación, la Fiscalía de los Estados Unidos imputa a Marset por cuatro cargos criminales:
- Conspiración para cometer narcoterrorismo.
- Conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de EE.UU.
- Conspiración para el lavado de dinero.
- Lavado de dinero.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Marset dirigía el denominado “Primer Cártel Uruguayo», una organización criminal estructurada en Sudamérica encargada de enviar toneladas de cocaína a distintos puntos del mundo, con especial foco en el mercado de Europa.
El cargo de narcoterrorismo coloca el expediente de Marset en una categoría jurídica rigurosa. Los fiscales alegan que, entre 2018 y marzo de 2026, el procesado fabricó y distribuyó sustancias prohibidas mientras proporcionaba, a sabiendas, apoyo material a una organización terrorista global; organización que, según el propio documento fiscal, es su misma red de narcotráfico.
En enero de 2025, la Casa Blanca ordenó formalmente a sus agencias de seguridad catalogar a ciertos cárteles transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras para facilitar bloqueos financieros y condenas más altas.
La conexión con Colombia y el nexo paraguayo
La carpeta de investigación detalla que en junio de 2024, Marset coordinó con un miembro del temido Clan del Golfo de Colombia el envío de 1.700 kilogramos de cocaína a bordo de una lancha rápida hacia Costa Rica. Aquella operación falló luego de que la Armada colombiana interceptara la embarcación en el mar Caribe, recuperando 1.653 kilos de la droga que los tripulantes habían arrojado al agua al verse acorralados.
Por otra parte, el apartado de lavado de dinero guarda directa relación con Paraguay. El documento menciona las operaciones de Federico Santoro Vassallo, un ciudadano paraguayo que inicialmente fue procesado junto al uruguayo
Santoro se declaró culpable ante los tribunales norteamericanos en marzo pasado y ya fue condenado a 15 años de prisión.
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La investigación sostiene que Santoro y otro operador financiero radicado en Paraguay movían las ganancias ilícitas de Marset utilizando entregas de dinero en efectivo a gran escala, criptomonedas y transferencias bancarias internacionales. A modo de ejemplo, la Fiscalía identificó una transferencia de 31.800 dólares proveniente del narcotráfico enviada desde un banco de Portugal hacia un proveedor de logística en China, la cual fue procesada a través de un banco corresponsal de Bank of America en Virginia.
Abogado pidió desestimación
Ante estos hechos, el abogado defensor de Marset, Robert Feitel, solicitó formalmente tumbar el cargo de conspiración para el lavado de dinero y argumentó que los fiscales no demostraron un vínculo legal suficiente entre los movimientos financieros y el Distrito Este de Virginia, sede del juicio.
Sebastián Marset, por quien el Gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares, fue capturado en Bolivia en marzo pasado tras años de intensa búsqueda internacional. Su posterior extradición a suelo norteamericano marcó el inicio de este proceso penal que hoy lo tiene contra las cuerdas bajo leyes antiterroristas.
