Ante esta situación, El presidente del Comité Cívico Provincial, Marcelo Méndez, señaló que el Gobierno debe asumir su responsabilidad y aplicar medidas extraordinarias para restablecer el orden.
Fuente: Red Uno
Charles Muñoz Flores
El presidente del Comité Cívico Provincial, Marcelo Méndez, pidió al Gobierno nacional asumir acciones inmediatas frente al bloqueo que persiste en el municipio de San Julián y planteó la aplicación de un estado de excepción regionalizado para restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento en distintas regiones del departamento de Santa Cruz.
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Las declaraciones fueron realizadas tras la reunión sostenida en Cuatro Cañadas entre autoridades nacionales, departamentales y representantes de sectores involucrados en el conflicto. Méndez destacó la predisposición al diálogo del ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Óscar Mario Justiniano Pinto, así como del gobernador de Santa Cruz Juan Pablo Velasco y la vicegobernadora Paola Aguirre.
Sin embargo, sostuvo que existe una diferencia entre los sectores que buscan soluciones mediante el diálogo y aquellos que, según afirmó, mantienen medidas de presión con fines políticos. “Las personas que quieren solucionar el problema se han sentado con las autoridades y han buscado compromisos para atender sus necesidades. Pero hay otros sectores que continúan en San Julián tratando de convulsionar al país y generar inestabilidad”, manifestó.
Ante esta situación, el dirigente cívico señaló que el Gobierno debe asumir su responsabilidad y aplicar medidas extraordinarias para restablecer el orden. Recordó que desde el Ejecutivo se abrogó la denominada “Ley Copa” como parte de los mecanismos para destrabar el conflicto, por lo que ahora corresponde, dijo, avanzar con acciones concretas.
Respecto a las consecuencias del bloqueo, el representante cívico denunció que las restricciones en la circulación están afectando no solo a San Julián, sino también a municipios como San Ignacio de Velasco, Concepción, San Ramón y la provincia Guarayos. Indicó que los tiempos habilitados para el paso de vehículos son insuficientes para garantizar el traslado de personas y mercancías.
Asimismo, alertó sobre el impacto que la medida tiene en pacientes que requieren tratamientos médicos especializados, como diálisis y atención oncológica, además de las dificultades para el abastecimiento de combustibles y productos básicos.
Según relató, durante un reciente viaje desde la Chiquitania constató la venta de combustible en el mercado negro a precios que oscilaban entre 25 y 30 bolivianos por litro, situación que refleja la gravedad de la crisis de abastecimiento.
“El Gobierno tiene que restablecer el Estado de Derecho. La población no aguanta más y se necesitan acciones firmes para garantizar la libre circulación y el abastecimiento”, concluyó Méndez.
