La organización Prisoners Defenders documentó 28 nuevas detenciones durante el mes, entre ellas las de una médica, una activista y al menos 14 personas arrestadas tras protestas en Holguín. Otra muerte bajo custodia estatal elevó a seis los fallecidos desde 2023.
Fuente: infobae.com
Por Gastón Calvo
Cuba alcanzó un nuevo récord de 1.281 presos políticos al cierre de mayo, según el informe mensual de Prisoners Defenders publicado este jueves, que documentó 28 nuevas detenciones durante el mes y registró otra muerte bajo custodia estatal: la de Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, fallecido el 13 de mayo en la prisión Combinado del Este por falta de atención médica adecuada.
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El balance del mes refleja una proporción de casi cinco nuevas víctimas por cada salida de la lista. De las siete bajas registradas, tres corresponden a presos que cumplieron íntegramente sus condenas, una a una excarcelación, dos a destierros forzados —los de Sissi Abascal Zamora y Jorge Fernández Era— y la última al fallecimiento de Brieva Sempé. La organización señaló que las liberaciones propagandísticas no frenan el crecimiento sostenido de la represión.
Brieva Sempé padecía una enfermedad renal crónica y desnutrición grave. Los tratamientos de hemodiálisis que necesitaba no se realizaron con la frecuencia requerida y su deterioro físico avanzó hasta ser incompatible con la vida. El informe oficial de Medicina Legal atribuyó la causa de muerte al “daño múltiple de órganos”. Con su muerte, ya son seis los presos políticos fallecidos desde 2023 bajo custodia o responsabilidad directa del régimen cubano, junto a Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén Esplugas y Luis Miguel Oña. Incluso después de su fallecimiento, el funeral estuvo rodeado de agentes de la Seguridad del Estado.
Prisoners Defenders identificó actualmente a 449 presos políticos con patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, y a 52 con trastornos graves de salud mental sin tratamiento adecuado.
Las protestas de Antilla dejaron 14 detenciones
La represalia más extensa del mes tuvo lugar en Holguín, tras las protestas pacíficas del 19 de mayo en Antilla. Las autoridades cubanas desplegaron una operación que derivó en 14 nuevos presos políticos, cuatro de ellos miembros de una misma familia, los Thope.
La primera detenida fue Yaquelín Thope Infante, de 54 años, arrestada el 20 de mayo sin orden judicial y con fiebre. Su hijo, Israel Espinosa Thope, fue perseguido pese a que, según los testimonios recibidos por Prisoners Defenders, no había participado en las manifestaciones. La madrugada del 22 de mayo, agentes irrumpieron en el domicilio familiar, derribaron la puerta y, al no encontrar a Israel, detuvieron a Léster Osvaldo Martínez Vásquez y a Rafael Batista Infante, quien padece graves trastornos mentales y alcoholismo crónico. Los propios agentes transmitieron que ambos serían liberados cuando Israel se entregara. Ante la presión sobre su entorno familiar, este acabó presentándose ante las autoridades.
También fue detenida Yamilka Mora, activista de Holguín conocida por su labor comunitaria, arrestada el 22 de mayo sin orden de detención tras ser citada por la Policía Política. Su encarcelamiento se produjo como represalia por las publicaciones que difundió sobre la protesta del 19 de mayo. Las autoridades no han comunicado los cargos formulados en su contra.
Persecución contra mujeres y madres
El informe dedicó un apartado específico a la intensificación de la represión contra las mujeres. Sordey Ballester Horta, médica dermatóloga de Matanzas, fue detenida a mediados de mayo mientras esperaba el transporte para ir al hospital de Cárdenas. Según su familia, el motivo fue haber fotografiado un cartel con la consigna “Abajo la dictadura”. Los agentes le respondieron que estaba “en el lugar y el momento equivocado”.
Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez volvió a prisión tras ser detenida junto a su padrastro durante protestas vecinales en Arroyo Naranjo, La Habana, provocadas por más de cuatro días sin agua y cortes de electricidad. Según testimonios familiares, Yunaiky intervino para defender a un menor que era golpeado por la policía. Las autoridades revocaron el beneficio de excarcelación que le había sido concedido en febrero de 2025 en el marco del acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba.
Desde la estación policial, Yunaiky denunció en un video haber sido golpeada, asfixiada y recluida junto a varios hombres. Posteriormente fue trasladada al centro de detención El Vivac. Fue condenada originalmente a 14 años por “sedición” —delito proscrito por Naciones Unidas desde 2022—, reducidos luego a 8 por el Tribunal Supremo Popular. El 5 de junio inició una huelga de hambre y sed. Sus familiares denuncian además que las autoridades amenazaron con internarla en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra.
Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos menores, recibió el 2 de junio una condena de 2 años de privación de libertad por un presunto delito de “Atentado” vinculado a una supuesta agresión contra una agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Su padre, el periodista cubano exiliado Armando Campuzano Guyón, denunció que la condena es una represalia política por su activismo desde el exilio y por la publicación de su libro “Cuba, el Titanic del Caribe”. Agentes estatales habrían amenazado a Wendolín con que iba a “pagar por el gusano de tu padre”. Tras la ratificación de la sentencia, inició una huelga de hambre y sed en la Prisión de Mujeres de El Guatao y permanece incomunicada. Prisoners Defenders identificó en abril la situación de madres presas políticas cuyos hijos menores quedaron sin cuidado como una urgencia humanitaria.
Encarcelado por recibir a un diplomático estadounidense
Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años residente en Artemisa, fue detenido el 19 de mayo sin orden de arresto y trasladado al Centro de Instrucción Penal El Técnico de Guanajay. La investigación en su contra se remonta a junio de 2025, cuando recibió en su domicilio al entonces jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.
Las autoridades del régimen cubano utilizaron ese encuentro para acusarlo de supuestos vínculos con actividades de terrorismo internacional. Lo investigan por el presunto delito de “Propaganda contra el orden constitucional”. Según sus familiares, Mojena se ha negado a designar abogado defensor porque considera que no ha cometido ningún delito.
Erick Alain Chang Padrón, trabajador por cuenta propia de 51 años, fue detenido el 20 de mayo en su lugar de trabajo en el municipio habanero de Cerro y trasladado a Villa Marista, cuartel general de la policía política en La Habana. Su único motivo de persecución: videos y publicaciones en redes sociales en los que denunció apagones, escasez de alimentos y cuestionó la gestión de Miguel Díaz-Canel.
Desde prisión en la cárcel Valle Grande, Chang Padrón logró sacar un manuscrito en el que denunció haber sido sometido durante 11 días a interrogatorios constantes con privación deliberada de sueño y alimentos.
El informe de Prisoners Defenders recogió también su descripción de las condiciones en Valle Grande: reclusos que duermen sobre sacos o en el suelo por falta de colchones, hacinamiento, plagas de mosquitos y chinches, escasez de agua potable y alimentación insuficiente.
Su esposa, Susana Romero, constató durante una visita el grave deterioro físico del preso, quien no pudo ingerir los alimentos que ella le llevó.
Dos adolescentes en una prisión de máxima seguridad para adultos
Prisoners Defenders también alertó sobre la situación de dos menores de edad recluidos en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila.
Christian Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, permanece en la enfermería del penal tras contraer hepatitis durante su encarcelamiento. Las autoridades se han negado a trasladarlo a un hospital. Sus familiares denuncian deterioro físico, pérdida de peso, picaduras de insectos y agresiones físicas por parte de funcionarios penitenciarios.
Por su parte, Jonathan David Muir Burgos, también menor de edad, fue detenido el 16 de marzo de 2026 en Morón, Ciego de Ávila, en el contexto de protestas por falta de servicios básicos. Acusado del presunto delito de “Sabotaje”, fue trasladado sin previo aviso a Canaleta el 2 de abril. Desde entonces, según su padre, el adolescente se encuentra desesperado, sometido a tratos crueles e inhumanos, obligado a dormir en colchones infestados de chinches y sin atención médica pese a padecer hipoglucemia e inmunodeficiencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor el 24 de abril de 2026 mediante la Resolución 30/2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable.
Familiares de ambos adolescentes denunciaron que las autoridades intentaron obligarlos a firmar declaraciones falsas para incriminarse.
La lista de los 2.010 indultados, sin presos políticos
El 25 de mayo, el régimen cubano publicó mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria Especial No. 11 un listado de 2.010 presos beneficiados con medidas de excarcelación, presentado como un “gesto humanitario y soberano”.
Tras analizar los nombres, Prisoners Defenders constató que solo dos personas podían identificarse como presos políticos documentados por la organización: Iván Leydis Acosta Matos y Kevin Lay Laureiro Rojas. El primero, pese a figurar oficialmente en la lista, continúa privado de libertad. El segundo sería el único preso político cuya excarcelación efectiva se habría producido, aunque bajo fuertes amenazas.
El contexto de los 1.281
Con datos cerrados al 31 de mayo, la lista de Prisoners Defenders incluye 769 Convictos de Conciencia, 475 Condenados de Conciencia y 37 casos de Otros Presos Políticos.
En los últimos 12 meses —del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026— se sumaron 240 nuevos presos políticos, un promedio de 20 al mes. Desde el 1 de julio de 2021, Cuba ha totalizado 2.076 presos políticos en sus cárceles en menos de cinco años.
De los 1.281 presos actuales, 147 son mujeres y 34 fueron detenidos siendo menores de edad. Un total de 217 manifestantes fueron condenados por sedición con una pena media de 10 años de privación de libertad.
