Persisten los cortes en San Julián e Ichilo. La justicia sentenció a involucrados en la toma de pozo gasífero
Por Freddy Lacio Fernández
Fuente: El Deber
La suspensión temporal del bloqueo instalado en la localidad de Santa Fe, en el municipio de San Carlos, representó un alivio parcial para la circulación en el norte integrado cruceño. Sin embargo, el departamento de Santa Cruz continúa afectado por las medidas de presión que mantienen restringidas importantes rutas de conexión y que forman parte del conflicto impulsado por sectores afines al evismo.
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Los productores de fruta de la provincia Ichilo determinaron declarar un cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta el próximo 9 de junio. La decisión fue asumida luego de varios días de protesta y contempla la convocatoria a un ampliado en el que esperan la participación de autoridades competentes para analizar la situación y encontrar respuestas a sus demandas.
Los dirigentes advirtieron que, si hasta esa fecha no reciben soluciones concretas a los problemas planteados, retomarán los bloqueos de manera indefinida. Además, señalaron que la protesta continuará hasta que el presidente Rodrigo Paz presente su renuncia, elevando el tono político de la movilización.
Con el levantamiento de la medida en Santa Fe, el principal punto de bloqueo que afecta a Santa Cruz permanece en el límite con Cochabamba, a la altura del kilómetro 50 de la carretera, en la zona de Bulo Bulo. A ello se suma el prolongado conflicto en San Julián, donde este viernes se cumplen 23 días consecutivos de interrupción del tránsito.
La persistencia de estas acciones mantiene dificultades para el transporte de pasajeros, alimentos, combustibles y mercancías, generando preocupación entre productores, transportistas y comerciantes que advierten pérdidas económicas crecientes.
Toma de pozo
Mientras tanto, la justicia avanzó en uno de los casos más emblemáticos vinculados a las protestas. El juez de Portachuelo, Pedro Félix Ribera, sentenció a tres años de cárcel a los diez aprehendidos por la toma del pozo petrolero de Santa Rosa del Sara. Los acusados se acogieron a un procedimiento abreviado y aceptaron la pena impuesta.
No obstante, debido a la duración de la condena, los sentenciados no serán enviados a un recinto penitenciario. El fallo establece restricciones estrictas, entre ellas la prohibición de reunirse en grupos para promover bloqueos, ocupar instituciones o instigar acciones que afecten la seguridad de la población. En caso de reincidencia, perderán ese beneficio y deberán cumplir la condena en prisión.
La Fiscalía, bajo la dirección de Juan Carlos Crispín, los imputó por asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo, instigación pública a delinquir y daño calificado.
En el panorama nacional, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó hasta ayer jueves un total de 84 puntos de bloqueo en el país.
Fuente: El Deber
