El expresidente tiene una orden de aprehensión que la Policía no ejecuta por Trata de Menores, pero no tiene procesos por corrupción ni por narcotráfico
Fuente: El País.bo
Evo Morales Ayma está citado ante la justicia por un caso de trata de menores, un delito de orden público que se instruyó luego de que en las primeras semanas de gobierno de Luis Arce se desestimara el proceso por estupro que se había abierto durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Hay diferentes pruebas y testigos de su círculo íntimo que han hablado de esto y que le exigen responder ante la Justicia; sus abogados se escudan en una vieja maña: “si no hay denuncia no hay delito”, muy usada hace años en los temas de estupro, cuya figura está en entredicho.
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Al margen de eso, ni el gobierno de Jeanine Áñez, ni el de Luis Arce, ni en los siete meses que Rodrigo Paz lleva en la Presidencia se ha podido instruir ninguna causa en su contra por otros delitos, sea de corrupción, malversación u otros.
El tema es controvertido: en los cinco años de gobierno de Luis Arce sus hijos han sido los grandes beneficiados y hay abiertos diferentes procesos por enriquecimiento ilícito que parecen conectar algunos de los grandes negocios del Estado – vía Gestora – con la rosca familiar y sus allegados, aunque nadie parece dispuesto a ponerle el cascabel al gato. Sin embargo, no hay nada parecido de la gestión de Evo Morales.
La droga y el Chapare
La narrativa del Gobierno ha vuelto a recuperar la otra arista polémica de Morales: la de su supuesta vinculación con el narcotráfico. Hay asuntos evidentemente explícitos que solo se entienden en el marco de la emergencia social de principios de siglo. Morales ha sido a la vez presidente del Estado y presidente de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca del Trópico de Cochabamba, coloquialmente aceptadas como las principales productoras de la coca que se desvía mayormente al narcotráfico – esto sin entrar al debate profundo sobre las responsabilidades de productores y consumidores y de la Ley de la Oferta y la Demanda -.
Producción de cocaína en Bolivia siempre hubo – aunque todos los gobiernos siempre han hablado de “país de tránsito” -, con su consiguiente influencia social y política: Roberto Suárez, Jorge Roca Suárez o Luis Amado Pacheco marcaron la historia del país a finales de siglo al estilo Pablo Escobar. Los tiempos cambiaron en el siglo XXI, con cárteles más violentos, pero también perfiles más bajos.
En la última década se ha vuelto a reconocer bandas organizadas en el territorio, aunque la Policía y los sucesivos ministros lo han negado intensamente. El cambio de las rutas mundiales de la cocaína, luego de que las pautas de consumo cambiaran en Estados Unidos por la irrupción del fentanilo, trajo a los dos grandes carteles brasileros, Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (Gerson Palermo, Marcos Roberto Almeida alias “Tuta”) a Bolivia, pero también algunos operadores del Cartel Jalisco Nueva Generación fueron identificados en el territorio, aunque el más buscado de todos fue Sebastián Marset, el capo uruguayo más conocido como “gerente de la Hidrovía”, detenido en abril en uno de los barrios más exclusivos de Santa Cruz, identificado desde diciembre, y que “se escapó” en 2022 de un operativo organizado por el entonces ministro Eduardo del Castillo, al que después amenazó varias veces.
Evo Morales no cumple con el prototipo del narcotraficante común y siendo requerido por la Justicia, no vive en la clandestinidad, pues se le identifica en el Chapare y hace frecuentes apariciones públicas en eventos y a través de sus redes de comunicación. Su papel dentro de las Seis Federaciones del Trópico es eminentemente político y reconocible. A la fecha no hay ningún proceso judicial abierto sobre estos vínculos. Se desconoce si hay investigaciones judiciales o policiales en marcha más allá de los golpes concretos sobre determinados laboratorios o pistas clandestinas.
Luis Arce y Eduardo del Castillo le amenazaron durante dos años con la aprehensión que no ejecutaron; Rodrigo Paz, que en campaña dijo que “era un asunto de la Justicia”, lleva siete meses sin ejecutar la misma orden.
Fuente: El País.bo