Andrés Gómez Vela
Treinta días después del inicio de los bloqueos, Bolivia tiene negocios vacíos, productores que no pueden sacar su mercadería, estudiantes que ven alterada su formación, familias angustiadas por la incertidumbre y ciudadanos atrapados entre dos extremos que no logran imponerse ni encontrar una salida.
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Hay una evidencia imposible de ignorar: ni el gobierno de Rodrigo Paz ha podido restablecer plenamente el orden ni los movilizados han logrado provocar su caída. Ninguno de los actores tiene fuerza suficiente para ganar.
Sin embargo, reducir esta crisis a una disputa entre el gobierno y los bloqueadores es un error. En realidad, existen cuatro actores.
El primero es el gobierno central, que hasta ahora ha demostrado ser incapaz de resolver por sí solo una crisis que se prolonga y profundiza.
El segundo son los bloqueadores. Han demostrado capacidad de movilización y capacidad de daño. Pueden paralizar regiones enteras, pero no cuentan con el respaldo de la mayoría nacional.
El tercero son quienes exigen una respuesta represiva inmediata. Son ciudadanos cansados de la anormalidad y la incertidumbre. Algunos incluso consideran que la solución pasa por el uso de la fuerza. Sin embargo, subestiman los enormes costos humanos, políticos y sociales que tendría una intervención militar para resolver un conflicto de esta magnitud.
Y existe un cuarto actor, el más importante de todos y, paradójicamente, el menos visible: la mayoría silenciosa.
Aquí estamos los trabajadores, comerciantes, transportistas, profesionales, emprendedores, estudiantes y ciudadanos comunes. No necesariamente apoyamos al gobierno. Tampoco necesariamente apoyamos a los bloqueadores. Simplemente, queremos vivir en paz, trabajar, producir, estudiar y construir un mejor futuro para nuestras familias.
Entonces, un momento: si somos mayoría, ¿por qué no incidimos en las decisiones públicas?
Sencillo: Porque estamos desorganizados.
Mientras las minorías organizadas imponen su agenda, la mayoría permanece dispersa. Esa es nuestra verdadera orfandad política. Nuestro silencio está permitiendo que la crisis avance peligrosamente hacia un punto de no retorno.
Por eso, la discusión pública parece atrapada entre dos únicas opciones: quienes exigen la renuncia inmediata del presidente y quienes exigen orden inmediato por cualquier medio. Pero ninguna de esas posiciones resolverá por sí sola la crisis económica, política y de gobernabilidad que atraviesa el país.
Para comprender el problema debemos diferenciar tres aspectos fundamentales.
Primero, la legitimidad de la demanda.
Segundo, la legitimidad del método.
Tercero, la viabilidad de la solución.
Los movilizados pueden tener razones legítimas para sentirse decepcionados o engañados por el gobierno. Tienen derecho a expresar su descontento y a exigir cambios. Pero eso no significa que cualquier método utilizado para lograr esos objetivos sea legítimo o eficaz.
Del mismo modo, el Estado tiene la obligación de garantizar la libre circulación y proteger a la población, pero ello no implica recurrir automáticamente a la represión masiva.
Al inicio de este conflicto, una parte de la ciudadanía observó con simpatía algunas de las críticas formuladas contra el gobierno. Sin embargo, a medida que los bloqueos comenzaron a afectar el abastecimiento, el empleo, la producción y los servicios básicos, el apoyo a las demandas empezó a transformarse en rechazo a los métodos.
La experiencia histórica demuestra que cuando una protesta causa daños graves a terceros, el respaldo social tiende a erosionarse. Eso es precisamente lo que está ocurriendo.
Frente a esta realidad, la mayoría silenciosa no puede limitarse a esperar que otros resuelvan el problema. Tampoco puede resignarse a contemplar el deterioro del país.
Es momento de construir capacidad de acción desde la sociedad. No para sustituir al Estado, sino para ayudar a encauzar la crisis hacia una salida democrática y pacífica.
¿Cómo hacerlo?
Primero, organizando nuestra voz alrededor de principios simples pero irrenunciables: Queremos trabajar, queremos libre circulación, queremos diálogo, queremos cambios sin violencia, queremos orden con respeto a las libertades.
No son consignas a favor del gobierno ni de los bloqueadores. Son demandas básicas de convivencia.
Segundo, impulsando una agenda mínima compartida para recuperar la normalidad y reconstruir la confianza social.
Para ello propongo cinco tareas urgentes:
- Articular una amplia coalición de sectores moderados: universidades, gremiales, empresarios, trabajadores, juntas vecinales, organizaciones civiles y ciudadanos independientes.
- Defender simultáneamente dos principios democráticos: el derecho a protestar y el derecho a trabajar, circular y producir.
- Construir una narrativa común. No se trata de «gobierno versus bloqueadores». Se trata de que Bolivia necesita volver a funcionar para producir riqueza.
- Respaldar la mediación de actores independientes con credibilidad social como la Iglesia, organizaciones de derechos humanos y otros espacios capaces de tender puentes.
- Impulsar una profunda renovación política para que los partidos vuelvan a representar a la sociedad y dejen de funcionar como propiedades privadas o instrumentos de grupos reducidos.
La crisis actual no terminará únicamente cuando se levanten los bloqueos. El verdadero desafío es reconstruir la representación política, recuperar la confianza en las instituciones y alcanzar acuerdos mínimos sobre el rumbo económico y social del país.
Ninguno de los extremos sacará a Bolivia de esta crisis. Ni el bloqueo indefinido ni la represión resolverán nuestros problemas de fondo. Tampoco lo hará un gobierno que ha demostrado ser incapaz de conducir al país hacia una salida consensuada.
La tarea recae hoy en los ciudadanos que trabajan, producen, estudian y sostienen diariamente a Bolivia.
La historia enseña que los países encuentran una salida cuando la mayoría deja de observar en silencio y decide actuar.
Considero que ha llegado el momento de que la mayoría boliviana recupere su voz porque cuando la mayoría habla, los extremos dejan de decidir por todos.