El Ejecutivo invitó a los representantes de la organización paceña a participar en un diálogo “a la brevedad posible”. Respecto a la situación con el combustible, el gobierno aseguró que garantiza el abastecimiento oportuno y que los carburantes comercializados cumplen los estándares establecidos.
Campesinos Ponchos Rojos bloquean una vía en El Alto, hace unas semanas/APG
Fuente: Brújula Digital / LA PAZ
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El gobierno respondió las cinco demandas planteadas por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari como condición para avanzar en un acercamiento orientado a la pacificación del país e invitó a sus representantes a participar en un diálogo “a la brevedad posible”.
“El gobierno, comprometido con la democracia y convencido de que esta es la única vía para la solución de los conflictos sociales, les hace llegar la respuesta a la nota de cinco puntos enviada al Presidente Rodrigo Paz Pereira y les hace llegar una invitación abierta y fraterna para participar, a la brevedad posible, en un encuentro para avanzar de manera concreta en estas demandas”, señala la nota enviada por el ejecutivo.
El ministro de la Presidencia José Luis Lupo dijo hoy, en Brújula Streaming, que si bien hay demandas que son atendibles, es necesario que cualquier diálogo comience con el levantamiento de los bloqueos.
“Estamos tratando de atender, a través de la inclusión, de la participación, del desarrollo, del reconocimiento explícito de que estas comunidades han sido desatendidas y postergadas durante muchísimos años y que tiene toda la razón en no confiar en el Estado y que tiene que ser parte inclusiva del Estado, participar de él, de las políticas del Estado y poder promover el desarrollo integral de La Paz”.
Esta mañana, Lupo también habló con medios de comunicación y anunció proyectos sobre agua, energía, caminos y productividad, pero enfatizó que para impulsar cualquier diálogo “se debe levantar inmediatamente (los bloqueos), es un pedido de todos”.
Respuesta del gobierno
Estas son las respuestas que dio el Ejecutivo a cada uno de los puntos presentados por los campesinos. La carta fue remitida el 17 de junio
Situación del combustible
Respecto a la situación con el combustible, el gobierno aseguró que garantiza el abastecimiento oportuno y que los carburantes comercializados cumplen los estándares establecidos.
Además, informó que adoptó medidas correctivas para atender las observaciones planteadas y anunció la creación de una comisión para revisar y evaluar la calidad del carburante.
“El gobierno acepta la creación de una Comisión de Revisión del Combustible, con participación de organizaciones sociales, equipo técnico y colaboración científica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). para verificar la calidad del combustible en los puntos fronterizos antes de su distribución al país. Esta comisión se conformará en el día, con participación directa de las organizaciones sociales”, agrega la nota.
En relación con el resarcimiento por daños ocasionados a vehículos presuntamente afectados por combustible de mala calidad, el Ejecutivo indicó que el proceso continúa y anunció la instalación de puntos móviles para la recepción de documentación en las 20 provincias del departamento de La Paz.
“El gobierno garantiza el procesamiento penal de las exautoridades y autoridades de la actual gestión que resulten responsables, así como la revisión de los contratos de importación y su posterior auditoría correspondiente”, añade.
Alivio económico
Sobre el alivio económico, el Ejecutivo recordó la vigencia del Decreto Supremo 5630, que establece medidas de refinanciamiento y reprogramación de deudas para clientes del sistema financiero afectados por la coyuntura económica.
“En este marco, las entidades financieras podrán otorgar períodos de gracia y prórrogas en las condiciones de los créditos. Durante el período de gracia, el prestatario no estará obligado a realizar pagos por concepto de capital, intereses, seguros, comisiones u otros cargos asociados a la operación crediticia, conforme a las condiciones acordadas con la entidad financiera.”, explica.
Decretos supremos
La respuesta también aborda el pedido de abrogación de siete decretos supremos que la organización campesina considera contrarios a la Constitución, favorables a la actividad minera sin suficientes controles o vinculados a una presunta privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Respecto a los decretos supremos 5618 y 5579, el gobierno afirmó que la primera norma no tiene relación con la emisión de licencias ambientales ni con el control de la actividad minera en áreas protegidas o territorios indígenas. Además, anunció la abrogación del Decreto Supremo 5579.
Sobre el Decreto Supremo 5517, que declara emergencia energética y social en todo el territorio nacional, el Ejecutivo aseguró que no existe intención de privatizar YPFB ni ninguna empresa estratégica del Estado.
“El gobierno reconoce que la suspensión temporal del diésel de la Lista de Sustancias Controladas, por el plazo de un año, requiere mecanismos de control reforzado para evitar su desvío hacia actividades ilícitas, y se compromete a coordinar con la Aduana Nacional y la ANH medidas de verificación que mitiguen ese riesgo”, añade.
Con relación al Decreto Supremo 5519, referido a atribuciones de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), el Ejecutivo afirmó que la norma no autoriza la intervención de comunicaciones privadas, el acceso a datos personales ni tareas de vigilancia.
“El gobierno está dispuesto a incorporar salvaguardas explícitas de protección de datos personales y territoriales en la reglamentación de la norma, la cual se elaborará con participación de las organizaciones sociales, garantizando su socialización previa”.
Sobre el Decreto Supremo 5515, que permite al presidente ejercer funciones mediante medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del territorio nacional, el gobierno recordó que corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional determinar su constitucionalidad.
En cuanto al decreto 5551, que crea el Despacho de Gestión Social para administrar bienes decomisados y programas de ayuda social, el Ejecutivo afirmó que la distribución de beneficios no está condicionada a afinidades políticas.
Además, expresó su disposición a incorporar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización social sobre la administración de esos recursos.
Aunque el documento señala que responde los cinco puntos planteados por la federación, la carta difundida en redes sociales se encuentra incompleta y solo muestra los tres primeros temas abordados.
Se espera ahora un pronunciamiento de la organización campesina, que mantiene medidas de presión desde hace 47 días en el departamento de La Paz.
La Federación Túpac Katari fue uno de los sectores que impulsó las protestas y los bloqueos. Inicialmente se movilizó contra la Ley de Reconversión de Tierras, que fue abrogada hace algunas semanas. Posteriormente incorporó la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz, planteamiento que ya no figura en el pliego presentado recientemente.