Oscar Ortiz Antelo
Entre los múltiples y profundos daños que han causado los 54 días de bloqueos que ha sufrido el país, está el de profundizar la división en la sociedad boliviana, frustrar las esperanzas de un cambio que modernice el país y agravar la sensación de vivir atrapados por el pasado inviabilizando las posibilidades de un mejor futuro.
Y es que mientras muchos tratan de explicar las razones sociológicas e históricas de quienes cercaron a las principales ciudades del occidente boliviano y partieron nuevamente el país en dos, casi nadie se detiene a analizar lo que siente esa mayoría de bolivianos, mayoritariamente urbana y de todos los estratos sociales, que ha sufrido las consecuencias de unos cercos criminales que buscaban dejar a las ciudades sin alimentos, combustibles y medicamentos, además de paralizar la economía productiva y exportadora del país.
No se ha producido un reencuentro entre bolivianos sino todo lo contrario. Frente a la ausencia del estado, se ha cumplido aquello de que una minoría organizada prevalece sobre una mayoría desorganizada. El problema es que, supuestamente, la mayoría está organizada alrededor de un sistema institucional democrático que debiera brindarle orden y seguridad, en el marco de lo que se llama Estado de derecho.
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Consecuentemente, se ha sacrificado a una mayoría ciudadana que ha sufrido enormes penurias, y las seguirá soportando por el agravamiento de la crisis económica que provocaran los bloqueos en los próximos meses y años, debido a la destrucción de innumerables empleos y unidades productivas.
Algunos creen que la salida de la crisis sin haber tenido que utilizar la fuerza pública para desbloquear las principales rutas del país, evitando muertes y heridos, es el mayor triunfo y la muestra de una inteligente estrategia política orientada a desgastar a los “insurrectos”.
Obviamente, nadie debiera querer que hayan muerto y heridos en la familia boliviana y se debe hacer todo lo posible para evitarlo, lo que forma parte de la responsabilidad de gobernar. El tema de fondo es que sí ha habido muertos y heridos, y los seguirá habiendo, porque todos aquellos que fallecieron en las carreteras por falta de atención médica oportuna y quienes verán sus vidas acortadas en los próximos meses porque durante ocho semanas no recibieron los tratamientos que necesitaban, también son personas y víctimas.
La diferencia está en que estas víctimas no tienen dueños, ni responsables y quedan en el olvido, dado que los culpables se ocultan en el anonimato de los grupos movilizados, y los instigadores se escudan en la protección que lograron mediante el chantaje a las autoridades para que les den impunidad a cambio de levantar los cercos para que se pueda aprobar el estado de excepción sin mayores consecuencias.
Por eso lo que ha sucedido no implica una victoria gubernamental, aunque que quienes pretendían obligar al presidente a renunciar para provocar una sucesión constitucional funcional a sus intereses hayan fracasado, gracias al rechazo de la mayoría ciudadana a un intento claramente antidemocrático.
Aquí lo que ha sucedido es un nuevo episodio del fracaso estatal boliviano de poder garantizar a sus ciudadanos los derechos fundamentales frente a quienes pretenden alterar el orden constitucional para desconocer el voto ciudadano y obligar a todos los bolivianos a vivir bajo un modelo estatista y populista que solo causará mayor confrontación, subdesarrollo y pobreza.
Mal haría el gobierno en pecar de exitismo. Aquí también, el gobierno ha perdido. Frente al entusiasmo inicial que despertó el inicio de una nueva gestión presidencial que se proyectaba moderna y reformista, hoy cunde el desánimo y la frustración. No nos olvidemos que la gestión de las expectativas de la opinión pública es crucial para el futuro de una gestión pública y para el desempeño económico.
Sin embargo, es lo que hay. Estamos en el inicio de un quinquenio al cual le faltan más de cuatro años de gestión que no se pueden dar por perdidos porque implicaría un daño enorme, no solo a las expectativas de superación de la crisis económica sino a las propias posibilidades de desarrollo y convivencia democrática.
Es de esperar que el presidente y su equipo de colaboradores lean correctamente la realidad y, aprendiendo de los tropiezos de estos primeros ocho meses de gestión, puedan reestructurar y reencauzar su gestión para que el país adopte las reformas imprescindibles para construir un futuro mejor que hoy parece alejarse.