La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió al Gobierno intervenir las propiedades avasalladas en Guarayos y sancionar a los responsables de los asentamientos ilegales.
Fuente: El Deber
Una resolución judicial que ordena el desalojo de predios ocupados en la zona de Las Londras y Santa Rita abrió un nuevo foco de tensión en el norte cruceño. Mientras los propietarios exigen la intervención policial para ejecutar los fallos, organizaciones interculturales rechazaron la medida y aseguraron que no abandonarán los asentamientos.
El abogado de los propietarios de Santa Rita, Álvaro Latorre, informó que recientemente se emitió una resolución judicial que dispone el desalojo de varias propiedades avasalladas en el municipio de El Puente, en la provincia Guarayos, entre ellas Las Londras, Santa María, Santa Rita, Los Ciervos, además de otros predios de la zona.
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Según explicó, los ocupantes ya habrían sido notificados para abandonar los terrenos en un plazo determinado y, una vez cumplido ese procedimiento, corresponderá a la Policía ejecutar las órdenes emitidas por la Justicia.
“Ya existen los instrumentos legales para desalojar”, afirmó Latorre a EL DEBER, al señalar que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de notificación a los ocupantes.
El jurista sostuvo que los conflictos por tierras en la región se extienden a entre ocho y diez propiedades y estimó que las áreas ocupadas superarían las 21.000 hectáreas, incluyendo Santa Rita. Añadió que el objetivo de los grupos asentados sería alcanzar unas 70.000 hectáreas en la zona.
Latorre también cuestionó que organizaciones afiliadas a sectores interculturales de San Julián participen en los avasallamientos de tierras de Guarayos y aseguró que los propietarios cuentan con documentación legal sobre los predios en disputa.
En el caso específico de Santa Rita, denunció que continúan los hechos de avasallamiento y afirmó que trabajadores permanecen restringidos dentro del campamento de la propiedad debido a la presencia de grupos armados que, según su versión, realizan disparos al aire y controlan los accesos.
“Hay gente que no puede transitar libremente dentro de su propia propiedad”, aseguró.
Interculturales rechazan fallo y advierten movilizaciones
La respuesta llegó desde la Central Pailita Las Londras, afiliada a la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de San Julián Norte, cuyos representantes rechazaron públicamente las resoluciones judiciales y anunciaron que no abandonarán los asentamientos. Así se lo puede ver en videos que hicieron circular en redes sociales.
Durante un pronunciamiento público, los dirigentes aseguraron que el fallo judicial favorece a “empresarios extranjeros” y vulnera derechos de las familias asentadas en el sector.
Según los interculturales, unas 156 familias, junto con mujeres embarazadas, niños en edad escolar y maestros, resultarían afectadas por la orden de desalojo.
“Las 156 familias han tomado la decisión de no abandonar sus comunidades”, señala una de las resoluciones aprobadas por la asamblea.
La organización también se declaró en estado de emergencia y advirtió con el inicio de movilizaciones para defender los asentamientos.
Asimismo, exigió una investigación contra las autoridades judiciales que emitieron el fallo y responsabilizó a las instancias judiciales y a los denunciantes por cualquier incidente que pudiera registrarse durante la ejecución de los desalojos.
En el mismo pronunciamiento, los dirigentes aclararon que las comunidades afiliadas a la Central Pailita Las Londras “no son parte del avasallamiento de la empresa Santa Rita”, rechazando las acusaciones realizadas por los propietarios.
Esperan acción policial
Mientras la tensión crece en la zona, los propietarios aguardan que la Policía ejecute las órdenes judiciales una vez concluidos los plazos legales establecidos.
Latorre sostuvo que, además del fallo judicial, existen denuncias por delitos flagrantes vinculados a ocupaciones ilegales, parcelamientos y comercialización de tierras, por lo que considera que las fuerzas del orden tienen facultades para intervenir.
La disputa por la tierra en Guarayos vuelve así a colocarse en el centro del debate regional, con fallos judiciales en marcha, amenazas de movilización y la expectativa puesta en una eventual acción policial para definir el futuro de los predios en conflicto.
Por su parte la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió al Estado intervenir las propiedades avasalladas en Guarayos y sancionar a los responsables de los asentamientos ilegales.
“Es imperativo que los grupos narcoterroristas y avasalladores chapareños que operan desde San Julián, convirtiéndola en su centro de operaciones ilícitas, sean procesados y enviados a la cárcel. La ciudadanía reclama justicia y el Estado tiene la obligación ineludible de restaurar el orden”, aseguró, en sus redes sociales.