Pese a las garantías ofrecidas por el Gobierno, la COB rechazó asistir al diálogo y mantuvo los bloqueos.
Fuente: El Deber
La aclaración fue realizada este lunes por la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margot Pérez, quien explicó que la determinación judicial únicamente ordena a la Fiscalía reformular y motivar adecuadamente la medida cautelar.
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“Los operadores de justicia que han visto esta acción de libertad han considerado que el Ministerio Público debe fundamentar y motivar esa decisión para poder mantener medidas como el mandamiento de aprehensión”, señaló Pérez.
La autoridad precisó que la tutela concedida a los dirigentes no implica una suspensión definitiva de las órdenes. “La reformulación la tiene que hacer el Ministerio Público. Entonces, no es una suspensión definitiva porque mediante la acción de libertad no se ha determinado eso. Solamente se ha repuesto el derecho vulnerado a estos dirigentes”, sostuvo.
Según explicó, una vez que la Fiscalía cumpla con las observaciones realizadas por el tribunal constitucional, podrá volver a solicitar la ejecución de las medidas. “En cualquier momento el Ministerio Público, cuando cumpla lo que la acción de libertad ha determinado, puede hacerlo directamente”, afirmó.
La aclaración surge después de que el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de La Paz concediera la tutela de la acción de libertad presentada por los abogados de Argollo y Salazar, dejando sin efecto de manera temporal los mandamientos de aprehensión que pesaban sobre ambos dirigentes.
Durante los días previos, la COB y otros sectores movilizados habían condicionado su participación en un eventual diálogo con el Gobierno al levantamiento de las órdenes de aprehensión y a la otorgación de garantías para sus dirigentes.
Sin embargo, pese a la suspensión temporal de las órdenes y a las garantías ofrecidas por el Ejecutivo, Argollo decidió no asistir al diálogo. En un ampliado de la COB, la dirigencia rechazó la convocatoria gubernamental y ratificó la continuidad de las medidas de presión y los bloqueos que afectan distintas rutas del país.
Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones. Entre ellos figuran los disturbios del 18 de mayo en La Paz, jornada en la que se reportaron saqueos a comercios, robos a lustrabotas y vendedores ambulantes, además de daños a las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia.
