“Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”, así se refirió en su momento el presidente del TSJ, Romer Saucedo, en alusión a la prórroga de funciones de algunas altas autoridades judiciales.
En ese marco, el debate sobre el ejercicio de la ética y la moral en la conducción política y en la administración de la justicia se convierte hoy en día en una necesidad indudable.
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Más aún cuando estos aspectos y su inadecuado uso en la práctica política y el ejercicio judicial por los resultados que se ha estado viviendo últimamente han sido cuestionadas desde la academia, y la sociedad, lo que ha desnudado un alarmante deterioro del Estado Democrático y de Derecho en Bolivia.
El caso de las cuestionadas decisiones judiciales que han dado lugar a la prórroga de funciones de altas autoridades judiciales, y que en una opinión generalizada de la sociedad señalan que ha incidido en el debilitamiento de la legitimidad institucional y ha puesto en tela de juicio la probidad de estas autoridades, ya que estas acciones contribuyeron de algún modo en la desconfianza del pueblo hacia el sistema judicial.
Estas decisiones distan en absoluto de la naturaleza y los fines que conllevan los principios éticos y morales, porque estos, en su versión nítida permiten tomar decisiones equitativas, justas, objetivas, e imparciales.
Asimismo, las erráticas decisiones en el ámbito de la gestión pública han tenido su incidencia a raíz de la ausencia del ejercicio íntegro de los principios éticos y morales que ha significado una de las permanentes amenazas para la integridad de las instituciones como la estabilidad política del país, toda vez que han debilitado los valores en la gestión pública, el conjunto del sistema político ha perdido legitimidad y la democracia se torna frágil ante prácticas poco transparentes.
La coyuntura jurídica y política en determinadas épocas de la historia boliviana ha tenido sombras y luces. Personalidades que han aportado en el desarrollo del país, pero también personajes que han contribuido en el deterioro del Estado y la institucionalidad.
Cuando los principios éticos y morales se relegan, se desoyen, los efectos son muy evidentes, que conllevan una desinstitucionalización del aparato estatal, se cuentan altos índices de corrupción, es latente la ilegitimidad institucional, se advierten múltiples casos de contravención a los mandatos legales nacionales e inclusive internacionales. El pacto social se debilita y la ciudadanía se distancia de sus instituciones, abriendo las puertas a escenarios de conflictividad social y política.
En ese marco es importante sostener la relevancia de la ética y la moral tanto en la conducción política del Estado, como en el ejercicio de la administración de justicia, no deberían ser entendidas como opciones. Si no elementos imprescindibles para el sostenimiento de una democracia plena y un Estado de derecho presente.
Ya que su ausencia o uso incorrecto debilita el quehacer judicial, la legitimidad institucional y reduce la confianza ciudadana en sus autoridades e instituciones.
En consecuencia, con la efectiva aplicación de los principios de transparencia, equidad y responsabilidad en el ejercicio cotidiano de la política y la justicia, se puede sostener que el fortalecimiento de las instituciones, y de las democráticas no depende únicamente de reformas legales o de la validación de procesos electorales.
El desafío está en alcanzar, materializar, que los principios éticos y morales no sean solo discursos, o guiones que se tiene que seguir para seducir al electorado o al litigante. ¡No son opciones! Tampoco banderas coyunturas electorales, sino componentes esenciales de una práctica cotidiana, transparente, que orienten el idóneo y correcto ejercicio de la función pública.
Marcelo A. Céspedes Cuéllar
Abogado – Politólogo