Sergio Bastian Giesse Rougcher
Fuente: Prensa Diputados Supraestatales
Bolivia atraviesa uno de los episodios de conflictividad social más profundos de los últimos años. Más de 50 días de protestas, bloqueos, enfrentamientos, muertes y paralización económica dejaron un saldo humano, institucional y económico que excede cualquier disputa política coyuntural. Según reportes recientes, la crisis dejó al menos 16 fallecidos, cientos de personas investigadas y un impacto directo sobre el abastecimiento, la producción y la estabilidad nacional.
Más allá del debate político sobre quién tenía razón en el origen del conflicto, aparece una pregunta central: ¿quién debe hacerse cargo de las pérdidas y de las consecuencias de estos 53 días?
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Desde una perspectiva institucional y democrática, la responsabilidad no puede ser automática ni colectiva. Debe distinguirse entre responsabilidad política, responsabilidad civil y responsabilidad penal.
La primera corresponde a quienes ejercen conducción pública. Todo gobierno tiene el deber constitucional de preservar el orden público, garantizar derechos y generar canales efectivos de diálogo antes de que una crisis escale. Cuando un conflicto se prolonga durante semanas y deriva en desabastecimiento, afectación económica y pérdida de vidas, existe una obligación política de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La segunda dimensión es la responsabilidad civil y patrimonial. Si existieron daños a infraestructura pública o privada, interrupciones ilegales de actividades económicas o perjuicios demostrables, corresponde activar mecanismos legales para identificar responsables y eventualmente exigir reparación económica conforme al debido proceso.
Finalmente está la responsabilidad penal, que debe ser individual y nunca basada en afiliaciones políticas o sectoriales. Si hubo hechos delictivos —violencia, destrucción de bienes, ataques a servicios esenciales o acciones fuera del marco legal— corresponde investigar, judicializar y sancionar respetando garantías constitucionales. La Fiscalía informó investigaciones sobre cientos de personas vinculadas a hechos ocurridos durante las movilizaciones.
También debe evitarse el otro extremo: que la búsqueda de responsabilidades se convierta en persecución política. La lucha contra la impunidad exige pruebas, debido proceso y transparencia.
En el plano económico, distintos sectores productivos alertaron que las pérdidas acumuladas ya alcanzaban cientos de millones de dólares incluso antes de cumplirse el total del conflicto, afectando exportaciones, empleo, comercio y liquidez empresarial.
Por eso, después de 53 días, el debate ya no debería limitarse a ver qué sector gano, porque el que perdió fue el pueblo boliviano.
El desafío real es que Bolivia construya una salida basada en tres pilares: verdad sobre lo ocurrido, responsabilidades individualizadas y reparación institucional y económica. Sin justicia hay impunidad; pero sin garantías legales tampoco hay Estado de derecho.