Ramiro Sánchez Morales
Bolivia se encuentra en una de esas encrucijadas históricas donde el debate político parece reducirse a la peligrosa lógica de los extremos. Tras años de polarización, el debate intelectual y político nacional oscila de manera pendular: por un lado, se oyen voces que sugieren la anulación fáctica del orden constitucional vigente para retornar a una República previa; por el otro, se intenta perpetuar un modelo plurinacional que, bajo la retórica de la inclusión, terminó asfixiando la institucionalidad y promoviendo la división. En medio de este fuego cruzado, la realidad ciudadana es muy distinta. El sentimiento que predomina en las calles de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y cada rincón del país no es el deseo de una revancha ideológica, sino un profundo y generalizado cansancio. Los bolivianos estamos cansados de enfrentarnos entre sí. Existe una necesidad imperiosa de respaldar una gestión que, finalmente, sea capaz de gobernar para todos.
La propuesta de borrar el texto constitucional de 2009 para reinstaurar de golpe la antigua Constitución Política de la República es un ejercicio de alta complejidad que, si bien puede nacer de una genuina preocupación jurídica por el deterioro institucional, ignora la fibra social de la Bolivia contemporánea. La Constitución actual no es meramente un documento normativo nacido de la coyuntura; representa el desemboque de demandas sociales e históricas de pueblos indígenas y sectores tradicionalmente postergados. Intentar una ruptura total, por muy argumentada que esté desde el purismo del derecho, sería percibido por una parte significativa de la población como un despojo de sus derechos y una afrenta directa. El resultado de una aventura semejante no sería la restauración del orden, sino la detonación de una confrontación social de magnitudes incalculables.
El verdadero desafío del presidente Rodrigo Paz Pereira no es refundar el Estado por enésima vez, sino sanearlo desde sus propias entrañas. La oportunidad histórica del actual mandatario radica en corregir el presente respetando el marco constitucional vigente. Fortalecer la democracia no pasa por demoler el edificio entero, sino por reconstruir sus pilares fundamentales: garantizar la independencia judicial, reformar con transparencia el sistema electoral y hacer efectiva la separación de poderes. El camino idóneo es la institucionalización, no la refundación traumática.
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Para lograr esto, es indispensable comprender que la política, en su acepción más noble, es el arte de la negociación, el consenso y la viabilidad. Pretender gobernar bajo la premisa del “todo o nada” ha sido, precisamente, la receta del fracaso y la inestabilidad boliviana. En un país estructuralmente diverso y políticamente fragmentado, la gobernabilidad democrática exige buscar apoyos en el Congreso y consensos con distintos sectores sociales. Negar la existencia o el peso específico de las minorías —o de las mayorías opositoras— solo conduce al bloqueo constante y al acoso callejero. Un mandatario debe tener la madurez de dialogar incluso con aquellos sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) que conservan representación democrática, aislando el radicalismo violento pero reconociendo la pluralidad del voto popular. No se trata de claudicar, sino de pacificar; es la diferencia entre la confrontación estéril y la conducción firme del Estado, un equilibrio que la actual administración presidencial debe mantener con pulso firme frente a las disidencias extremas, incluyendo de forma muy tangencial las posturas radicales o corporativas encarnadas por figuras como Lara, las cuales deben ser gestionadas con la rigurosidad de la ley y no con la concesión prebendal.
Gobernar para todos y buscar consensos no debe confundirse jamás con la debilidad, la componenda o la sumisión ante corporativismos abusivos. La historia boliviana nos ha dejado lecciones dolorosas sobre los peligros de hipotecar el Estado a cambio de una paz social ficticia. El gobierno debe plantear una línea clara e inamovible frente a las pretensiones extorsivas de cúpulas sindicales o sectores que confunden la representación social con el asalto al aparato público.
Un ejemplo histórico sumamente pertinente lo encontramos en la crisis de gobernabilidad que enfrentó el presidente Hernán Siles Zuazo durante el periodo de la Unidad Democrática y Popular (UDP) entre 1982 y 1985. Tras el retorno a la democracia, el gobierno de Siles Zuazo se vio cercado y asfixiado por una Central Obrera Boliviana (COB) maximalista e intransigente, liderada en ese entonces por Juan Lechín Oquendo. La COB implementó una estrategia de huelgas sistemáticas, bloqueos y exigencias económicas y políticas desproporcionadas que paralizaron al Ejecutivo. Las presiones corporativas por espacios de poder y ministerios debilitaron de tal forma la autoridad democrática que coadyuvaron a la implosión económica del país y obligaron al presidente a acortar su mandato. Aquella experiencia demostró que cuando un gobierno cede ante el chantaje corporativo en aras de una supuesta “inclusión”, termina perdiendo la legalidad, la legitimidad y la capacidad de gobernar para el conjunto de la nación.
Por tanto, la firmeza es indispensable. Hoy en día, aceptar exigencias abusivas como las que cíclicamente emergen de sectores que pretenden cuotas fijas de ministerios —como el absurdo histórico de entregar carteras de Estado a la dirigencia de la COB como si fuesen feudos privados— sería claudicar ante el mismo mal que ha carcomido la gestión pública. El Estado no puede ser un botín a repartir entre corporaciones afines. Dialogar es una obligación democrática; ceder ante el chantaje prebendal es una negligencia institucional.
Esto nos lleva a redefinir lo que verdaderamente significa un “gobierno fuerte”. La fortaleza de un gobernante no se mide por su capacidad de imponer la voluntad mediante el autoritarismo, el amedrentamiento judicial a los opositores o el uso discrecional de la fuerza pública. Esa es la ilusión de la fuerza, que en realidad esconde una profunda debilidad legítima. Un gobierno verdaderamente fuerte es aquel que extrae su poder de la legitimidad de sus actos, de la transparencia de sus instituciones y de su capacidad para construir consensos de largo aliento. Fuerte es el gobierno que puede procesar y encarcelar la corrupción con mano dura, sin importar si el delito proviene de las filas propias o de las ajenas. Fuerte es el Ejecutivo que devuelve al ciudadano la certeza de que la ley se aplica con rigurosidad y sin sesgos políticos.
Esta fortaleza también debe proyectarse hacia el ámbito internacional bajo el concepto de una auténtica soberanía nacional. Bolivia no puede seguir siendo un tablero de ajedrez para intereses extranjeros ni un satélite ideológico. El país debe liberarse de las presiones y tutelas externas que tanto daño le hacen a nuestra cohesión interna. Ser soberanos significa defender el interés nacional con pragmatismo y dignidad, rechazando la injerencia de proyectos geopolíticos como el “Socialismo del Siglo XXI”, pero manteniendo de igual forma una postura firme y soberana frente a los dictados o agendas de potencias tradicionales como Estados Unidos u otros frentes de influencia internacional como Israel. La política exterior boliviana debe responder exclusivamente al bienestar de sus ciudadanos, a su desarrollo económico y al respeto mutuo en la comunidad internacional.
El horizonte actual exige prudencia, templanza y, sobre todo, una visión de futuro que rompa el espejo retrovisor. No se trata de ensayar regresiones utópicas ni de profundizar el sectarismo excluyente que nos ha dividido durante las últimas décadas. El camino hacia el desarrollo económico, el empleo y la paz social no nacerá de la confrontación permanente, sino de una reconciliación fundamentada en la justicia, el orden y el respeto a las identidades que hoy conviven en nuestra patria. El éxito de la actual gestión presidencial no se medirá por cuántos enemigos logre derrotar, sino por cuántos bolivianos logre convocar bajo un mismo y respetable proyecto de nación.