Impugnación de nulidad: El magistrado sostiene que sigue siendo el presidente del Tribunal, afirmando que la Sala Plena del martes fue viciada por seis vocales y carece de sustento en la Ley 025.
Fuente: https://lapalabradelbeni.com
Denuncia de alto calibre: Saavedra acusa la existencia de un esquema de blindaje e impunidad mutua entre vocales, señalando que los mismos actores ya destituyeron en el pasado al doctor Martínez.
La crisis interna en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni ha derivado en una abierta confrontación pública. En una declaración exclusiva, el Dr. Hugo Rafael Saavedra Arteaga impugnó la legalidad de la sesión de Sala Plena del pasado martes 23 de junio, afirmando que continúa en el ejercicio legítimo de la presidencia institucional.
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El jurista calificó de «viciado de nulidad» el alejamiento de su cargo y lanzó severas acusaciones que apuntan a la existencia de una red corporativa de impunidad dentro del Órgano Judicial beniano.
El núcleo del reclamo de Saavedra se asienta en el Artículo 51 de la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial). Explicó que la presidencia no se encuentra acéfala y que el mandato legal tiene una duración obligatoria de dos años, de los cuales él ha cumplido únicamente cinco meses tras recibir en su momento el respaldo unánime de los 11 vocales. Según el magistrado, la norma solo prevé la elección de una nueva directiva ante vencimiento de plazo, muerte, renuncia o impedimento definitivo, desconociendo la figura de «pérdida de confianza» esgrimida por la facción disidente.
«No estoy peleando la presidencia como Rafael Saavedra; lo que estoy peleando es la institucionalidad. Si la ley determina que el mandato es por dos años, eso se tiene que cumplir. Estos mismos personajes se asocian para tumbar a los presidentes cuando a ellos les plazca», aseveró el jurista.
Acusaciones de blindaje e impunidad
Saavedra fue categórico al señalar un presunto esquema de encubrimiento recíproco entre los cuatro vocales constitucionales y dos ordinarios que propiciaron el quiebre. Denunció que este bloque opera bajo lógicas de la gestión de Gonzalo Hurtado Zamorano y describió cómo supuestamente se frenan los procesos disciplinarios entre sí, citando fallos constitucionales emitidos a favor de autoridades con suspensiones vigentes por faltas graves dictadas por el Consejo de la Magistratura.
Añadió que este mecanismo de remoción forzada ya fue ejecutado anteriormente por los mismos vocales para destituir en su momento al doctor Martínez de la presidencia del TDJ. «Se han convertido en una asociación delictuosa donde se protegen de todas estas irregularidades que cometen día a día», disparó Saavedra, alertando que esta inestabilidad destruye la credibilidad del sistema ante la población.
Bloqueo a la gestión económica y social
Finalmente, el magistrado atribuyó la maniobra en su contra a una abierta resistencia ante las reformas y auditorías de fiscalización que implementó en su semestre de gestión. Detalló que en este periodo se consolidó un presupuesto de 58 millones de bolivianos, el traslado de los juzgados de Riberalta de un edificio en ruinas a una nueva locación, y la reactivación de fondos para culminar el edificio de Derechos Reales, paralizado desde la época de Hurtado Zamorano y cuyo retraso obliga al Estado a pagar 700.000 bolivianos anuales en alquileres.
Entre los logros paralizados por esta crisis, destacó la conclusión de la primera Cámara Gesell del departamento con equipamiento gestionado ante Unicef, cuya inauguración técnica se vio postergada temporalmente a causa de los recientes bloqueos de carreteras en el país.