La nueva dilación se produjo luego de que el abogado y apoderado del Comando Departamental de Policía de Santa Cruz, Rubén Quispe Condori, devolviera la notificación judicial y promoviera un incidente procesal que finalmente fue rechazado por la autoridad jurisdiccional, aunque ello volvió a postergar el cumplimiento de la orden de desalojo.
VIlla Praga, lote avasallado por la misma Policía que se niega a devolver a su propietaria. Foto/RA
Fuente: Erbol
La Policía Boliviana volvió a impedir, por cuarta ocasión desde 2022, la ejecución de una orden judicial de desapoderamiento del predio «Villa Praga», ubicado en la ciudad de Santa Cruz, donde la propia institución es acusada de mantener una ocupación ilegal, denunció el abogado defensor de la parte afectada, Ramiro Aguilera.
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La nueva dilación se produjo luego de que el abogado y apoderado del Comando Departamental de Policía de Santa Cruz, Rubén Quispe Condori, devolviera la notificación judicial y promoviera un incidente procesal que finalmente fue rechazado por la autoridad jurisdiccional, aunque ello volvió a postergar el cumplimiento de la orden de desalojo.
El abogado de la propietaria Teresa Treviño informó que este lunes vencía el plazo otorgado por el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción N° 3 de Santa Cruz para que la Policía ejecutara el desapoderamiento del inmueble y desalojara a los denominados «policías avasalladores». Sin embargo, denunció que nuevas «chicanas» “recursos de reposición) impidieron nuevamente el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada.
Aguilera recordó que, desde 2022, la Justicia emitió al menos cuatro órdenes de desapoderamiento que nunca fueron ejecutadas, pese a que tres instancias judiciales reconocieron el derecho propietario de Teresa Triviño Bazán. Afirmó que la inacción de la institución policial mantiene a la propietaria privada de recuperar un terreno cuya restitución fue ordenada mediante resoluciones con autoridad de cosa juzgada.
Como antecedente, el 18 de mayo, el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción N° 3 instruyó al Comando Departamental de Policía de Santa Cruz ejecutar, en un plazo de cinco días hábiles y con apoyo policial, el desapoderamiento de 12.000 metros cuadrados del predio «Villa Praga». No obstante, el 28 de mayo, el apoderado policial devolvió la notificación alegando que sus funciones eran únicamente procesales y no operativas.
Además, Quispe Condori solicitó al Servicio de Registro Cívico (Serecí) un certificado de descendencia de Félix José Moreno Antelo, condenado con sentencia ejecutoriada por el delito de despojo y fallecido hace varios años. Para la defensa de la propietaria, esa actuación constituyó una maniobra destinada a «resucitar a un muerto» y prolongar el incumplimiento del fallo judicial.
La jueza rechazó ese incidente por improcedente y conminó al representante legal de la Policía a sujetarse a la resolución vigente y dar cumplimiento a la orden de desapoderamiento. Sin embargo, la restitución del predio continúa sin ejecutarse.
Ante esta nueva postergación, Aguilera anunció que acudirá a la Gobernación de Santa Cruz para solicitar que, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, respalde la ejecución del fallo judicial y la recuperación del predio. Sostuvo que resulta contradictorio que la propia Policía Boliviana, llamada a garantizar el cumplimiento de la ley, sea señalada por incumplir reiteradamente una sentencia ejecutoriada y mantener la ocupación del inmueble.