El vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales del Beni afirmó que las maderas investigadas son «difícilmente impregnables», rechazó que contengan cocaína y pidió una investigación científica con participación de expertos internacionales.
Fuente: Red Uno
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez
Mientras avanzan las investigaciones por el denominado caso narcomaderas, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales del Beni, Adhemar Casanovas Arias, expresó la preocupación del sector por el impacto que está generando el proceso investigativo sobre la industria maderera boliviana.
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Casanovas sostuvo que el rubro está siendo objeto de una «satanización» a raíz de los recientes operativos y aseguró que esta situación está afectando no solo a las empresas investigadas, sino a toda la cadena productiva.
«Ya estamos entrando en una etapa muy complicada, en una etapa muy difícil. Ya estamos entrando en una satanización de la información que realmente está deshaciendo al sector empresarial maderero», afirmó.
El ingeniero explicó que las especies de madera involucradas en las exportaciones corresponden a maderas tropicales de alta densidad, como tajibo, cuchi y kumarú, las cuales —según indicó— son científicamente catalogadas como «difícilmente impregnables».
«Estamos hablando de maderas difícilmente impregnables, lo que significa que científicamente está demostrado de que ninguna de estas maderas puede impregnarse siquiera al 3%», señaló.
Asimismo, descartó que los cargamentos puedan contener cocaína impregnada y planteó que los resultados preliminares podrían deberse a reacciones químicas de componentes naturales de la madera. «Descartamos en su totalidad que exista cocaína. Lo descartamos», afirmó.
«Lo que está faltando es hacer una investigación responsable que determine cuáles serán los componentes naturales que están dando positivo a ciertas pruebas para determinar con certeza de qué tipo de sustancia estamos hablando», sostuvo.
El representante del sector pidió que las autoridades gestionen un peritaje internacional con participación de especialistas de la Unión Europea, la DEA y otros organismos, además de permitir la intervención de laboratorios especializados nacionales.
Casanovas también advirtió sobre las consecuencias económicas que ya enfrenta el sector. Indicó que existen 72 contenedores retenidos en Chile desde hace aproximadamente tres meses, generando elevados costos de almacenaje y afectando la confianza de clientes y empresas transportistas.
«Las navieras ya no quieren recibir cargas nuestras por el impacto totalmente negativo que se está causando», lamentó.
Finalmente, reiteró que el sector no se opone a las investigaciones y pidió que estas se desarrollen con total transparencia. «No tenemos nada que ocultar. Queremos que se descubra la verdad, que se llegue a la verdad absoluta, porque necesitamos aclarar esta situación que no solamente deja mal visto al sector, sino también al país», concluyó.