El balance oficial reportó 856 edificaciones afectadas, 190 de ellas con colapso total, mientras continúan las labores de evaluación estructural y atención humanitaria en las zonas más golpeadas.
El balance de víctimas del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio se elevó a 3.811 fallecidos, de acuerdo con las cifras actualizadas divulgadas este miércoles por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El nuevo reporte también contabiliza 16.740 personas heridas y 17.907 venezolanos que permanecen sin vivienda debido a daños severos o al colapso total de sus hogares.
Rodríguez detalló que los socorristas han identificado afectaciones en 856 edificios, de los cuales 190 quedaron completamente destruidos.
“Al día de hoy, 8 de julio de 2026, tres mil ochocientos once hermanas y hermanos, lamentablemente, han fallecido por causa de la tragedia del doblete sísmico”, afirmó.
El funcionario chavista explicó que las operaciones de emergencia han incluido rescates, atención médica, distribución de alimentos y despliegue de equipos nacionales e internacionales. Según el balance presentado, 6.462 personas fueron rescatadas de entre los escombros y más de 86.000 familias recibieron algún tipo de asistencia desde el inicio de la emergencia.
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“Diecisiete mil novecientas siete personas se encuentran sin vivienda o por una afectación muy severa porque se desplomó el edificio o la vivienda donde vivían”, señaló Rodríguez al actualizar la situación de los damnificados.
El doble movimiento telúrico ocurrió el 24 de junio y afectó principalmente al estado La Guaira, una de las zonas con mayores daños, además de sectores de Caracas y otras regiones del país. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron derrumbes, daños estructurales y la evacuación de miles de personas por riesgo de nuevos colapsos.
En comunidades como La Lucha, en Catia La Mar, residentes permanecen en carpas instaladas cerca de sus viviendas mientras esperan evaluaciones técnicas que determinen si sus hogares pueden ser recuperados o si deberán ser demolidos.
Los equipos de ingenieros y arquitectos realizan inspecciones para clasificar los inmuebles según su nivel de seguridad. Las edificaciones consideradas habitables reciben una identificación verde; aquellas que requieren reparaciones son marcadas como amarillas, mientras que las estructuras con daños graves reciben una clasificación roja y deben ser desalojadas.
Habitantes de las zonas afectadas han expresado preocupación por perder viviendas construidas durante décadas.
“Todavía siento que esto es una pesadilla. Ojalá pudiera reconstruir mi casa. Crecí aquí y no quiero perderla”, relató una residente afectada en La Guaira mientras esperaba la evaluación de su vivienda.
La magnitud de los daños también ha generado un amplio despliegue de organismos de emergencia. Rodríguez informó que 4.388 rescatistas internacionales participan en las labores, junto con 30.076 integrantes de cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil y otros organismos venezolanos.
Además, las autoridades reportaron la atención de 27.398 pacientes en hospitales públicos y centros médicos habilitados con apoyo internacional. En materia de asistencia humanitaria, indicaron que se han entregado más de 9,6 millones de kilogramos de alimentos.
La fase posterior a la emergencia comenzó con la revisión técnica de miles de edificaciones. Equipos especializados han realizado miles de inspecciones para determinar cuáles estructuras pueden ser rehabilitadas y cuáles representan un riesgo para sus ocupantes.
En Caracas, especialmente en zonas como Los Palos Grandes, algunos residentes han cuestionado las clasificaciones iniciales de sus edificios y han solicitado revisiones adicionales antes de aceptar posibles demoliciones. Las autoridades han señalado que una etiqueta roja implica la necesidad de una evaluación técnica más profunda y no necesariamente una demolición inmediata.
El Ministerio de Obras Públicas y las comisiones creadas para atender la emergencia preparan las siguientes etapas, enfocadas en la reparación de viviendas recuperables y la construcción de soluciones habitacionales para las familias cuyos hogares quedaron destruidos. Mientras avanzan esas labores, miles de personas continúan alojadas temporalmente a la espera de una respuesta definitiva sobre el futuro de sus viviendas.
