MSc. Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
En la política boliviana existe una máxima tan antigua como perversa, heredada del más fino gatopardismo: transformar los discursos, alterar la escenografía, rotar los rostros mediáticos y, sin embargo, asegurarse de que el engranaje profundo del poder permanezca exactamente intacto.
Hoy asistimos a un nuevo capítulo de esa comedia trágica. Mientras el aparato discursivo oficialista proclama con vehemencia la fiscalización, la ruptura con los vicios del pasado y la «limpieza institucional», la praxis administrativa en los pasillos del Estado susurra una verdad muy distinta. Una verdad que huele a componenda, a pragmatismo frío y a la eterna repartición del botín público.
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Resulta difícil sostener una narrativa de renovación cuando la arquitectura operativa de las instituciones más sensibles del país sigue habitada —y ahora promovida a niveles jerárquicos— por los mismos cuadros formados bajo el cobijo de figuras clave del régimen anterior, como el exministro Eduardo del Castillo. El caso de la Aduana Nacional es solo la punta del iceberg. Se argumentará, desde el pragmatismo burocrático, que la administración pública requiere «memoria técnica» y que no se puede paralizar la recaudación fiscal por un purismo político. Sin embargo, en un país donde las fronteras son autopistas para el contrabando y la discrecionalidad aduanera es una de las cajas chicas más codiciadas de la política, colocar a operadores del viejo esquema en puestos de decisión no es un gesto de prudencia técnica; es un pacto tácito de gobernabilidad y continuidad.
La corrupción en la administración pública boliviana no es un problema de manzanas podridas, sino de un huerto diseñado para la extracción. Mientras los cargos de alta responsabilidad no se sometan a procesos de institucionalización transparentes y concursos de mérito blindados, el funcionario público no le responderá a la ley ni al ciudadano, sino al padrinazgo político que lo posicionó allí. Intercambiar la sigla en la pancarta mientras se mantienen las mismas redes de control informal en los mandos medios es una afrenta a la inteligencia de los ciudadanos. La coima en ventanilla o la facilitación bajo la mesa no entienden de ideologías; entienden de oportunidad y de impunidad compartida.
Si el cambio prometido se agota en la retórica del micrófono y en la denuncia de los titulares, estaremos condenados a presenciar el mismo modelo de corrupción con nuevos administradores. Para que algo cambie de verdad, no basta con juzgar al opositor o pronunciar encendidos discursos moralizadores; hace falta desmantelar las estructuras de discrecionalidad que convierten al Estado en un botín. De lo contrario, los ciudadanos seguiremos atrapados en esta amarga ilusión: pagar el costo de un supuesto «cambio» para descubrir, al final del trámite, que absolutamente nada ha cambiado.
Como advierten los economistas, politólogos e investigadores Daron Acemoglu y James A. Robinson, Premio Novel de Economía en 2024, en sus estudios sobre el desarrollo institucional: “Las instituciones extractivas persisten porque crean un círculo vicioso; quienes toman el poder heredan la misma estructura y los mismos incentivos para servirse del Estado en lugar de servir a la sociedad”. Mientras no se rompa esa lógica, el cambio seguirá siendo solo una puesta en escena.