El viceministro Hernán Paredes aseguró que el escándalo provocó graves perjuicios a las exportaciones bolivianas y adelantó que se busca un resarcimiento económico y una disculpa pública si se confirma que no existía cocaína en la madera.
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Fuente: Red UNO
El Gobierno boliviano anunció que analiza presentar una denuncia contra el fiscal de Arica, en Chile, por el manejo del caso de las denominadas «narcomaderas», luego de que las investigaciones realizadas hasta el momento descartaran la presencia de sustancias controladas en los cargamentos de madera exportados desde Bolivia.
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El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que el mayor impacto del caso ha sido el daño ocasionado a la imagen del país y al sector exportador.
«El tema más importante es el daño. Varios empresarios exportadores nos comentaban que, además del perjuicio como país, varios puertos de Matarani, Arica y otros puertos chilenos no están queriendo aceptar exportaciones bolivianas. Además, cuatro empresas navieras han rechazado transportar madera boliviana», señaló.
La autoridad indicó que, tras varios meses de investigación, los informes preliminares apuntan a que la madera no estaba impregnada con cocaína. Incluso, anunció que en los próximos días llegará un informe desde Brasil que ratificaría esa conclusión.
Paredes explicó que uno de los posibles errores ocurrió durante la aplicación del reactivo utilizado para detectar drogas. Según indicó, el protocolo técnico establece que el resultado debe interpretarse durante los primeros 40 segundos.
Respecto a las acciones legales, Paredes informó que el Gobierno coordina con la Cámara Forestal y la Cancillería la presentación de una denuncia ante la Defensoría Penal Pública de Chile contra el fiscal de Arica.
«Lo que queremos hacer es presentar una denuncia en esa instancia contra el fiscal de Arica, porque se resiste a hacer una verificación técnica de toda la madera», afirmó.
Asimismo, cuestionó las declaraciones emitidas durante la investigación, en las que se habló de «108 toneladas de cocaína».
Finalmente, el viceministro sostuvo que, si las investigaciones confirman oficialmente que no existía contaminación con drogas, Bolivia impulsará un reclamo internacional.
«Inevitablemente tenemos que pedir un resarcimiento económico y una disculpa pública. No podemos callarnos. Tenemos que hacer una campaña internacional, comunicacional, jurídica y de gestión», concluyó.
Fuente: Red UNO
