La Cámara Automotor Boliviana estima que en Bolivia existen alrededor de 1,5 millones de vehículos indocumentados y solo unos 250.000 aparecen cargando combustible. Esa diferencia demuestra que cientos de miles de motorizados permanecen guardados en garajes y predios privados, esperando una eventual nacionalización.
Fuente: El Deber
Por César del Castillo
Comprar un vehículo en Bolivia no cuesta lo mismo para todos. Mientras una empresa legal debe pagar impuestos, fletes, seguros y cumplir una larga lista de requisitos antes de poner un automóvil en el mercado, un vehículo internado de contrabando evita esos costos y puede venderse a un precio mucho menor. Para la Cámara Automotor Boliviana (CAB), esa diferencia ha creado una competencia en condiciones desiguales que termina castigando a quienes cumplen la ley.
Dos mercados, dos reglas
Cada vehículo importado legalmente paga tributos aduaneros calculados sobre su valor, además de asumir fletes, seguros, gastos administrativos e impuestos antes de llegar a un concesionario. Incluso la normativa limita la antigüedad de los motorizados que pueden ingresar al país. En cambio, explica Encinas, los vehículos indocumentados entran sin cumplir esos requisitos. Muchos lo hacen mediante contrabando o con valores subfacturados, lo que reduce artificialmente sus costos y les permite competir con ventaja frente a las empresas formalmente establecidas.
La diferencia también alcanza a la calidad del parque automotor. Mientras los importadores legales tienen restricciones para traer vehículos usados, el mercado ilegal incorpora automóviles que ya fueron descartados o cumplieron su vida útil en otros países. «Competimos con vehículos que nunca podrían ingresar por la vía legal», resumió el ejecutivo.
Esa competencia también tiene un impacto sobre el empleo. La Cámara Automotor señala que el sector genera más de 8.000 fuentes de trabajo directas y alrededor de 64.000 indirectas, entre concesionarias, talleres, despachantes de aduana, empresas de servicios y proveedores. Según Encinas, la crisis económica ya obligó al cierre de sucursales, la reducción de personal y el cambio de propietarios de algunas representaciones comerciales. A su juicio, una nueva nacionalización de vehículos indocumentados pondría aún mayor presión sobre esas fuentes laborales.
Mucho más que contrabando
Para Encinas, el problema tampoco termina en la evasión de impuestos. Afirma que detrás del mercado de vehículos indocumentados también operan economías ilegales que utilizan estos motorizados para mover recursos provenientes de actividades ilícitas. Según explicó, algunos son utilizados como medio de pago en operaciones relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades delictivas.
El dirigente añadió que una parte importante del flujo de vehículos proviene de la zona franca de Iquique, en Chile, desde donde —según datos que maneja el sector— ingresarían alrededor de 120.000 vehículos por año al mercado de contrabando boliviano. Esa situación, afirmó, no solo alimenta el comercio ilegal, sino que también incentiva el robo de vehículos y otros delitos vinculados a este circuito.
Hay otra cifra que, a su juicio, refleja la magnitud del fenómeno. Aunque estima que en Bolivia existen alrededor de 1,5 millones de vehículos indocumentados, solo unos 250.000 aparecen cargando combustible en el sistema B-Sisa. Para Encinas, esa diferencia demuestra que cientos de miles de motorizados permanecen guardados en garajes y predios privados, esperando una eventual nacionalización para incorporarse al mercado formal. «No podemos medir con la misma vara a todo el mundo», afirmó al diferenciar entre los vehículos que realmente prestan un servicio en áreas rurales y aquellos que forman parte de un negocio ligado a la informalidad y al contrabando.
El debate sobre una nueva regularización volvió a instalarse durante la campaña presidencial y continúa generando posiciones encontradas. Para la Cámara Automotor, antes de discutir una nueva nacionalización, el Estado debería cerrar las rutas del contrabando y fortalecer los controles para evitar que el ingreso ilegal de vehículos siga creciendo. Solo después, sostiene Encinas, será posible debatir reglas que garanticen una competencia en igualdad de condiciones para todo el mercado automotor.
