El presidente del Comité Pro Santa Cruz afirmó que la Fiscalía ya admitió la denuncia contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar. Pidió al Gobierno presentar las pruebas sobre el presunto financiamiento de los bloqueos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Además, Cochamanidis rechazó las recientes declaraciones de Evo Morales, quien negó haber impulsado los bloqueos y desconoció a los Ponchos Rojos, un sector históricamente afín a él. El dirigente cívico cruceño afirmó que las pruebas presentadas contradicen ese argumento
«No es novedad la cobardía de Evo Morales, que cuando el barco se está hundiendo es el primero en saltar, no es novedad para absolutamente nadie. Lo mismo pasó con Salazar, que terminó echándole la culpa a Argollo. Aquí eso no importa. Hemos entregado una centena de pruebas con declaraciones de ellos hablando, incitando y arrogándose, como dije, que son los responsables del intento de golpe de estado que hubo», sostuvo en el programa Influyentes.
Avanza la denuncia contra el exmandatario y los dos dirigentes
Según Cochamanidis, la denuncia fue elaborada durante varios días junto a un equipo jurídico y está respaldada por más de un centenar de pruebas, entre ellas notas de prensa y declaraciones públicas que, a su juicio, vinculan a los denunciados con los bloqueos registrados durante más de 50 días en el país.
«Nosotros, de las primeras cosas que pedimos, era una orden de aprehensión contra los tres delincuentes antes mencionados, porque definitivamente hay peligro de que no se presenten a declarar, hay peligro de fuga (…), debería darse la orden de aprehensión, que se emitan las órdenes de aprehensión desde la Fiscalía para que la Policía la ejecute», explicó la autoridad.
La Fiscalía admitió inicialmente la investigación por los presuntos delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atenta contra la seguridad de los medios de transporte y asociación delictuosa.
Denuncia fue admitida por la Fiscalía
Asimismo, Cochamanidis relató que durante la presentación de la denuncia, el pasado 2 de julio, se registraron situaciones que calificó como irregulares dentro de la Fiscalía. No obstante, posteriormente el Ministerio Público admitió la demanda contra el expresidente Evo Morales, Mario Argollo, Vicente Salazar y otras personas que pudieran ser identificadas durante la investigación.
«Fue bien accidentada, llamémosla así, primero que nos reciban la denuncia, y luego, por un código que en otras oportunidades sale al momento que la reciben, íbamos una hora aproximadamente y la vuelteaban para dárnoslo. Entró la prensa y nos lo dieron en menos de un minuto», contó Cochamanidis.
Consultado sobre el rol del Ministerio Público, el presidente del Comité Pro Santa Cruz consideró que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, no debió participar en las reuniones de diálogo que pusieron fin a los bloqueos. Además, señaló que la institución hará seguimiento al proceso para verificar que la investigación se desarrolle conforme a la ley.
Cabe recordar que la presencia del Fiscal General fue una de las condiciones planteadas por la COB para instalar el diálogo con el Gobierno.
«No debería haber estado ahí el Fiscal General. Entiendo que de repente ha sido invitado por el Gobierno en el afán de que esto «se resuelva, que se acabe el evento», y me atrevo a decir esto «entre comillas» porque no se resolvió nada con eso en absoluto. No hay responsables y eso no puede quedar así. Se tiene que cumplir un rol y estamos cumpliendo cada uno de los pasos legales y democráticos que todavía hay en el país, entre ellos, la presentación de la denuncia ante la Fiscalía», manifestó.
Cochamanidis agregó que, si durante la investigación se determina que existieron responsabilidades por parte de autoridades del Gobierno, el Comité también solicitará que sean investigadas. «Si la investigación dice que gente del Gobierno omitió esto, que gente del Gobierno favoreció en esto (…), nosotros también vamos a denunciarlo«, aseguró.
Pide al Gobierno que aporte con pruebas
Además, el cívico pidió al Gobierno que colabore con la investigación, especialmente después de que varias autoridades afirmaran públicamente que existió financiamiento del narcotráfico durante las movilizaciones.
«Nadie está por encima de la Constitución. Por lo tanto, tienen que aportar pruebas, aquí lo que necesitamos es que haya responsables (…) Ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución (…) Por tanto, ese acuerdo (el del Gobierno con la COB) no tiene validez alguna de que va a haber impunidad. Aquí lo que no tenemos que permitir es que haya impunidad para nadie. Aquí hay responsables por acción y por omisión», apuntó.
