Al menos dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos durante una operación del Ejército colombiano que permitió la liberación de 39 personas secuestradas por la guerrilla del ELN. A tres semanas de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el episodio vuelve a poner en evidencia la capacidad de control territorial de los grupos armados y añade presión a la transición política. Entrevista con Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación.
Guerrilleros del ELN secuestraron a 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera de una zona rural del departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia. Se trata de una región donde esta organización mantiene una fuerte presencia y obtiene financiación a través del narcotráfico y la minería ilegal. El hecho vuelve a situar la violencia en el centro de la transición política entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
La operación militar que permitió la liberación de los secuestrados dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos. Para Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, el episodio refleja la capacidad de control territorial que mantiene el ELN en varias regiones del país.
«El ELN tiene presencia territorial en 156 municipios de Colombia», explica Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. «Desde nuestra Fundación identificamos que el secuestro de 39 personas en el departamento de Chocó se dio en el marco de prácticas de control social y territorial por parte de ese grupo armado. El departamento de Chocó vive desde hace cuatro o cinco años un escenario de disputa armada entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia», agrega.
«El ELN no tiene ningún proceso de negociación activo en el marco de la Paz Total. Este proceso se suspendió luego de las confrontaciones que adelantó el ELN contra el Estado Mayor de los bloques y frentes presentes en el departamento de Norte de Santander, que derivaron en una crisis humanitaria que se ha extendido por más de un año», dice Daza.
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El Ejército de Liberación Nacional es hoy la principal guerrilla activa de Colombia. A diferencia de las antiguas FARC, funciona bajo una estructura regional sólida y, pese a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar la paz, este episodio añade tensión a la compleja transición política que vive el país.
«Los retos asociados a la seguridad están en función del panorama actual de presencia de grupos armados organizados y de su proliferación en los últimos años. A esto se suma la tecnificación de la guerra. Recientemente, durante el último año, los grupos armados han comenzado a utilizar drones cargados con explosivos», dice.
«Otro de los retos está relacionado con las recientes declaraciones del presidente electo, asociadas a que no va a continuar con el ecosistema de paz que se consolidó tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El Estado siempre ha sido más reactivo que preventivo. Por ahí puede ir una de las soluciones para evitar, justamente, que se presenten hechos como este».
Con el aumento de los ataques y su impacto directo sobre la población civil, el ELN vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones del próximo gobierno colombiano.
