Los gobiernos suelen disponer de un breve período de confianza ciudadana, muchos le llamamos etapa de enamoramiento, es el tiempo en que las expectativas pesan más que los resultados. Bueno, en nuestro país esa etapa terminó antes de lo esperado. La administración de Rodrigo Paz enfrenta una crisis que ya no admite lecturas coyunturales: la conflictividad política, el deterioro económico y el agotamiento del modelo energético convergen en un mismo escenario.
Los 53 días de bloqueos que paralizaron el país profundizaron una economía que ya mostraba señales de fragilidad heredada. A ello se suma la constante rotación de ministros y mandos medios, además de denuncias de corrupción que debilitaron la imagen de un gobierno obligado a administrar urgencias mientras intenta construir estabilidad. La mayor dificultad, sin embargo, no está en la arena política, está bajo tierra.
Durante casi dos décadas, el gas natural financió buena parte del crecimiento económico, sostuvo la estabilidad fiscal y convirtió a Bolivia en un actor relevante para la región. Ese ciclo llegó a su fin, según datos de la Fundación Milenio, las reservas probadas alcanzan apenas 2,13 trillones de pies cúbicos (TCF), más de un 70% menos que los 10,7 TCF registrados en 2017. La explicación es conocida: escasa inversión en exploración, ausencia de nuevos descubrimientos comerciales y agotamiento progresivo de los campos maduros.
Las consecuencias ya forman parte de la vida cotidiana, durante meses, miles de ciudadanos soportaron filas para abastecerse de gasolina y diésel. Detrás de esa imagen hay un problema mayor: la falta de divisas para sostener las importaciones de combustibles.
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En ese contexto, el Gobierno optó por una decisión políticamente costosa, pero fiscalmente inevitable: la suspensión de la subvención a los combustibles líquidos en noviembre de 2025. La medida permitió ahorrar alrededor de 10 millones de dólares diarios y alivió temporalmente el desabastecimiento. El efecto social fue inmediato, también lo fue el rechazo.
Las cuentas públicas explican por qué era difícil sostener el esquema anterior. De mantenerse la subvención, el costo habría superado los 2.800 millones de dólares hacia 2030, una cifra incompatible con la situación de las reservas internacionales y la disponibilidad de divisas.
La respuesta oficial apunta ahora a reconstruir el sector energético, donde el Ejecutivo plantea abrir espacio a la inversión privada mediante Sociedades de Economía Mixta para las actividades de exploración y producción, además de acelerar el desarrollo de energías renovables. El desafío es evidente: cerca del 70% de la generación eléctrica del país continúa dependiendo de plantas termoeléctricas alimentadas con el mismo gas cuya producción disminuye año tras año.
Los tiempos tampoco juegan a favor. Diversos especialistas y centros de investigación coinciden en que Bolivia podría verse obligada a importar gas natural entre 2028 y 2030, una paradoja para un país que construyó buena parte de su economía sobre la exportación de hidrocarburos.
Las reservas de gas disminuyen a un ritmo que no responde a los tiempos de la política. Esa es la diferencia entre una crisis pasajera y un cambio de época. Y es también el desafío que definirá el futuro inmediato de Bolivia.
Lic. Miroslava Fernández Guevara
Periodista y politóloga