Un informe presentado por la institución evidencia una tendencia ascendente en la magnitud de los incendios desde 2023.
La mañana de este lunes, el representante de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que los incendios forestales en Bolivia dejaron de ser un fenómeno estacional para convertirse en un problema estructural que vulnera derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. La advertencia fue realizada durante la presentación del séptimo reporte sobre incendios forestales, derechos humanos y derechos de la Madre Tierra.
“Desde la Defensoría del Pueblo queremos alertar que los incendios forestales han dejado de ser algo estacional, algo coyuntural, para convertirse en un problema estructural que afecta los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra”, afirmó Callisaya.
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El informe presentado por la institución evidencia una tendencia ascendente en la magnitud de los incendios desde 2023. Según los datos, el número de focos de calor alcanzó un pico de 1.736 en 2023 y se elevó a 16.494 en 2024. En 2025, el máximo registrado fue de 2.536 focos y, hasta el 21 de julio de 2026, ya se contabilizaban 2.835.
Callisaya recordó que la Defensoría del Pueblo ha impulsado diversas acciones para enfrentar esta problemática, entre ellas exhortaciones a las autoridades y una acción popular presentada en 2024, que derivó en el seguimiento al cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024. No obstante, advirtió que persisten deficiencias en la respuesta estatal, especialmente por la falta de medidas preventivas y la activación tardía de los comités operativos de emergencia municipales y departamentales.
Asimismo, señaló que existe una marcada precariedad logística que pone en riesgo la vida y la integridad de los bomberos, además de una permisividad normativa que dificulta la investigación y sanción de los incendios provocados.
El reporte también identifica incumplimientos en la aplicación de la Resolución Constitucional 233/2024. En materia de restauración, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no presentaron información sobre la magnitud de los daños ocasionados ni sobre las acciones ejecutadas, salvo el proyecto de Ley de Restauración promovido por la Gobernación de Santa Cruz.
En el ámbito preventivo, el documento observa una omisión total de las entidades del nivel central del Estado y destaca únicamente acciones aisladas de los municipios de Concepción y San Antonio de Lomerío, además de la Gobernación de Santa Cruz. También advierte que 47 municipios considerados en riesgo no rindieron cuentas a las comunidades sobre las medidas adoptadas.
Entre 2024 y 2026, la Defensoría del Pueblo realizó 73 acciones oficiales de seguimiento al cumplimiento de la resolución constitucional, emitió 41 notas exhortativas y recordatorios, sostuvo 14 reuniones estratégicas con autoridades de los distintos niveles del Estado y desarrolló dos cursos de capacitación con la participación de 12 municipios y gobiernos departamentales. La institución también difundió alertas mediante notas de prensa y emitió cinco pronunciamientos institucionales.
Pese a estos esfuerzos, el avance en el cumplimiento de las medidas relacionadas con la prevención de incendios y la elaboración de un Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2026 alcanza apenas el 6%, según el reporte.
Durante la presente gestión, la Defensoría intervino de oficio en las emergencias registradas en los parques Tunari y Otuquis, coordinando acciones con distintas instituciones para contribuir al control de los incendios. Asimismo, destacó el modelo preventivo social implementado en el municipio de Concepción y la realización del Encuentro Nacional de Bomberos, promovido por el Gobierno central en julio de este año.
Finalmente, Callisaya exhortó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a cumplir la Resolución Constitucional 233/2024, fortalecer las acciones de prevención, investigar y sancionar las quemas ilegales, proteger las áreas protegidas, restaurar los ecosistemas, fortalecer las unidades de bomberos y mejorar la coordinación interinstitucional para enfrentar la creciente amenaza de los incendios forestales.
