Johnny Nogales Viruez
Durante más de siete semanas, millones de bolivianos vieron alterada su vida cotidiana por bloqueos, amenazas, desabastecimiento e incertidumbre. Lo que aparentemente comenzó como un conflicto impulsado por demandas económicas y sectoriales terminó revelando una realidad muy distinta.
El conflicto nunca fue solamente económico. Tampoco sindical. Las demandas cambiaban. El objetivo, no.
Lo que estaba en juego era la preservación de un sistema de poder construido durante casi dos décadas y sostenido por una compleja red de estructuras políticas, corporativas y burocráticas que sobrevivieron incluso al cambio de gobierno.
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Por eso resultó tan difícil encontrar una salida mediante la negociación.
Cuando las reivindicaciones son concretas, también pueden serlo las soluciones. Pero cuando lo que se intenta preservar son espacios de influencia, mecanismos de protección, privilegios o capacidad de veto, las concesiones rara vez ponen fin al conflicto.
En distintos momentos existió el riesgo de que la presión desembocara en una ruptura institucional. No ocurrió. Y ese desenlace merece ser valorado por quienes creen que los gobiernos deben cambiarse mediante las urnas y no mediante el chantaje, la coerción, la agresión o la paralización del país.
La democracia resistió. Pero la crisis dejó al descubierto las debilidades del Estado.
La actitud serena y valiente de los pueblos sitiados -muy especialmente del pueblo paceño- merece reconocimiento. También merece reconocimiento la respuesta institucional que permitió preservar el orden constitucional frente a una presión creciente.
Sin embargo, sería un grave error interpretar el levantamiento de los bloqueos como el final del problema.
La tormenta no fue el problema. La tormenta fue el síntoma.
Lo ocurrido reveló la extraordinaria capacidad de determinadas estructuras para movilizar personas, bloquear carreteras, cercar ciudades y condicionar decisiones públicas. Demostró, además, que siguen operando mecanismos de organización y presión construidos durante años al amparo de un modelo político que convirtió a numerosas organizaciones corporativas en piezas permanentes de un sistema de poder.
Nada de eso desaparece porque las carreteras vuelvan a abrirse. Por el contrario, el fracaso de esta ofensiva hace probable que quienes la impulsaron busquen nuevos caminos para alcanzar los mismos objetivos. Cuando una estrategia fracasa, el propósito que la inspiró rara vez desaparece. Lo que suele cambiar son los métodos.
Es razonable pensar que, en adelante, los esfuerzos se orienten con mayor intensidad hacia el desgaste político del gobierno, la erosión de su credibilidad, la generación de nuevos conflictos y la creación de un clima de frustración que facilite futuras acciones de desestabilización.
Por eso la verdadera discusión comienza ahora.
Las elecciones resolvieron quién gobierna. Ahora comienza la prueba de su capacidad para gobernar.
Pero gobernar ya no consiste únicamente en administrar la crisis. Consiste en decidir si Bolivia continuará funcionando sobre el mismo andamiaje institucional que hizo posible la acumulación de los problemas que hoy la agobian o si ha llegado el momento de transformarlo.
Porque el conflicto no puso en crisis al modelo, fue el modelo el que terminó produciendo el conflicto. Un Estado que durante años concentró poder político, extendió desmesuradamente su presencia sobre toda la actividad económica, multiplicó empresas públicas deficitarias, expandió desmesuradamente la burocracia, fomentó relaciones de dependencia con numerosas organizaciones corporativas, hizo uso dispendioso de los ingentes recursos de que dispuso y debilitó progresivamente los mecanismos de control. Como un parapeto a su faena, creó las condiciones para que la presión organizada adquiriera una capacidad desproporcionada frente al conjunto de la sociedad.
Desmontar ese andamiaje no significa renunciar a las conquistas sociales. Significa hacerlas sostenibles. Significa construir un Estado fuerte allí donde debe serlo -la justicia, la seguridad, la educación, la salud y la regulación- y mucho menos invasivo allí donde la iniciativa privada puede generar riqueza, inversión y empleo.
El gobierno enfrenta una decisión que difícilmente podrá seguir postergando. Puede administrar las estructuras heredadas, procurando contener conflictos cada vez que reaparezcan. O puede impulsar las transformaciones institucionales que reduzcan la capacidad de cualquier grupo para sustituir la deliberación democrática por mecanismos permanentes de presión.
Ninguno de esos caminos será sencillo. Pero lo que ya no parece posible es seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Ya no hay espacio para actitudes timoratas.
La reconstrucción del país no consiste solamente en reabrir carreteras, normalizar el abastecimiento o recuperar la tranquilidad. Consiste en impedir que Bolivia vuelva a convertirse en rehén de organizaciones dispuestas a paralizar a millones de ciudadanos con tal de preservar sus propios intereses.
La tormenta terminó. Ahora comienza la tarea de corregir las condiciones que la hicieron posible. Porque si ellas permanecen intactas, la próxima ofensiva quizá no se parezca a la anterior.
Ha llegado la hora de las definiciones.
Ya no basta con haber resistido. Ahora habrá que decidir si Bolivia se limita a administrar sus crisis o se atreve, por fin, a corregir las causas que las producen.
Esa es una decisión que marcará mucho más que el futuro del gobierno.
Marcará el futuro de la República.