Una vez que la comisión de constitución aprobó el proyecto de ley para reactivar la preselección de candidatos a magistrados, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de avanzar con la norma, aunque plantearon observaciones.
Una anterior sesión en la Cámara de Diputados / archivo
Fuente: Brújula Digital
Legisladores de diferentes fuerzas políticas expresaron su respaldo al proyecto de Ley de Convocatoria para la Preselección de Postulantes y Elección de Candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La norma fue aprobada en la comisión de constitución y su tratamiento pasó al pleno de la Cámara de Diputados.
El diputado de Libre José Maldonado afirmó que existe predisposición para dar viabilidad a la iniciativa una vez que llegue al hemiciclo. Señaló que el debate podría incorporar modificaciones, aunque remarcó que lo importante es avanzar en la aprobación de la norma para superar el estancamiento institucional.
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Por su parte, el diputado de Unidad Gabriel Cabrera sostuvo que la elección de magistrados debe respetar los procedimientos establecidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y rechazó cualquier designación directa de autoridades. Indicó que, si es necesario introducir cambios legales para contemplar situaciones excepcionales, estos deben realizarse mediante la norma correspondiente, preservando la institucionalidad. No obstante, manifestó su preocupación por el costo que implicará la organización de las elecciones y consideró que este sistema ha evidenciado falencias al estar influenciado por intereses políticos en lugar de criterios de mérito.
Por su parte, el diputado del PDC Ruddy Pantaleón explicó que durante el tratamiento en comisión se evaluó la posibilidad de reducir los plazos del proceso, aunque esa alternativa fue descartada tras el informe técnico presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estableció un cronograma ajustado. El legislador señaló que la aprobación del informe representa un paso procedimental clave y expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados agende el proyecto en el menor tiempo posible para posteriormente remitirlo al Senado.
Pantaleón aseguró que la aprobación de la ley permitirá brindar certeza jurídica al país respecto a la renovación de las máximas autoridades judiciales. Sin embargo, reconoció que, debido a los tiempos previstos para la preselección y la organización de los comicios, las elecciones judiciales se realizarán recién en 2027.
El martes, la comisión de constitución aprobó por unanimidad el proyecto de ley, compuesto por 38 artículos y seis disposiciones finales. Según el cronograma expuesto durante el tratamiento, la ALP contará con 50 días para desarrollar la preselección de candidatos, mientras que el TSE dispondrá de 150 días calendario para organizar el proceso electoral.
De esta manera se espera completar la renovación de magistrados, luego de que en las elecciones judiciales parciales de 2024 no se logró elegir a todas las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional en varios departamentos del país.
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