Jaime Dunn aseguró que el modelo de Estado empresario impulsado durante los últimos años transformó recursos públicos en pérdidas económicas y contribuyó al deterioro de las finanzas nacionales
Por Ariel Melgar Cabrera
Fuente: El Deber
El economista Jaime Guillermo Dunn sostuvo que las millonarias pérdidas de las empresas estatales son una de las causas de la crisis económica y propuso suspender los créditos preferenciales para determinar cuáles pueden sostenerse sin subsidios. Además, planteó transferir las acciones de las empresas rentables a los ciudadanos bolivianos.
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Las empresas públicas deficitarias se han convertido en una pesada carga para las finanzas del Estado y deberían dejar de recibir financiamiento público para demostrar si realmente son viables, afirmó el economista y analista financiero Jaime }Dunn durante una entrevista en el programa ON- Otra Noche con Sissi que se emite por EL DEBER.
Dunn aseguró que el modelo de Estado empresario impulsado durante los últimos años transformó recursos públicos en pérdidas económicas y contribuyó al deterioro de las finanzas nacionales.
«Bolivia no tiene solamente empresas públicas claramente mal administradas. Tiene un modelo que convirtió reservas del Banco Central, impuestos y créditos públicos en pérdidas», sostuvo.
Según explicó, muchas de estas compañías fueron financiadas con cerca de 6.000 millones de dólares provenientes de créditos canalizados mediante el Banco Central y otros mecanismos estatales, recursos que, afirmó, terminan siendo asumidos por toda la población.
El economista señaló que las pérdidas de las empresas estatales impactan directamente en el déficit fiscal y obligan al Estado a recurrir a financiamiento inorgánico, lo que termina afectando el poder adquisitivo de la población.
«Los bolivianos terminamos pagando por todo este mal manejo», afirmó.
En ese contexto, criticó que el Gobierno haya confundido el gasto público con desarrollo económico. «No nos faltó dinero, nos sobró irresponsabilidad. El Estado confundió gastar con desarrollo e inaugurar obras con producir. Crear empresas por decreto no es industrialización; es destrucción del patrimonio de todos los bolivianos», manifestó.
El analista consideró que el nuevo Gobierno debe clasificar las empresas públicas según su situación financiera y establecer responsabilidades sobre quienes impulsaron proyectos deficitarios.
«Las empresas estatales no fracasaron solas. Fueron aprobadas por alguien, financiadas por alguien y administradas por personas concretas», sostuvo.
Por ello, planteó investigar quién elaboró los estudios de factibilidad, quién autorizó los créditos y quién aprobó las contrataciones para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Como primera medida, Dunn propuso suspender durante tres meses el financiamiento estatal a todas las empresas públicas.
«En 90 días vamos a ver realmente cuáles sirven y cuáles no. Si una empresa no funciona sin financiamiento barato al 1% y a 20 años, entonces no merece siquiera estar en el mercado», aseguró.
A su juicio, aquellas compañías que no logren sostenerse financieramente deberían cesar operaciones sin necesidad de un proceso de privatización.
Para las empresas que sí generan utilidades, el economista propuso un modelo distinto: transferir la propiedad a los ciudadanos bolivianos mediante la distribución de acciones.
Según explicó, compañías como Entel o YPFB podrían convertirse en sociedades donde cada boliviano mayor de edad reciba una participación accionaria.
Dunn estimó que, en el caso de esas empresas, cada ciudadano podría recibir acciones por un valor aproximado de 9.000 bolivianos, además de dividendos anuales. «Las que funcionan deben pasar a propiedad de los ciudadanos bolivianos para que los beneficios lleguen directamente a la población y no a la burocracia pública», indicó.
Fuente: El Deber
