Fuera de cualquier protocolo, apareció en manos de Fernando Aramayo un collar aparatoso que colgó alrededor del cuello del mandatario en el acto con otra finalidad al que fue convocado el cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales en el país. La invitación cursada fue para la presentación de los lineamientos de la política exterior boliviana, la cual a la fecha también cumple 8 meses sin embajadores ni cónsules de carrera o designados en las legaciones diplomáticas en el mundo.
A solo ocho meses de asumir respectivamente sus cargos en el gobierno de Bolivia, el canciller Fernando Aramayo «impuso» la máxima distinción nacional del Gran Collar de la Orden del Cóndor de los Andes a su jefe inmediato, el presidente Rodrigo Paz.
Conforme al primer artículo de la Ley 1762, de 5 de marzo de 1997, «la Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de los Andes, creada por Decreto Supremo del 18 de abril de 1925, elevado a la categoría de Ley de la República el 10 de octubre de 1941, es la más alta distinción que otorga el Estado Boliviano a ciudadanos e instituciones nacionales o extranjeros, por eminentes servicios que hubieren prestado a la Nación y a la humanidad«.
El artículo cuarto de la misma ley, a la letra, define que: «La Dignidad y el Título de Gran Maestre de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, corresponde al Presidente Constitucional de la República en el Grado de Gran Collar. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto ejercerá el cargo de Canciller de la Orden en el Grado de Gran Cruz, y el Director General de Ceremonial del Estado, ejercerá la Secretaría de la Orden, en el Grado de Gran Oficial. Las autoridades mencionadas en el párrafo conforman el Consejo de la Orden, al que también pertenecerán tres ex Ministros de Relaciones Exteriores y Culto de los tres últimos periodos constitucionales, designados mediante Resolución Suprema. Dicho consejo dictará sus normas de régimen interno.
Revisada la Gaceta Oficial de Bolivia, no encontramos la Resolución Suprema que en los últimos ocho meses hubiera designado a los tres últimos ministros de Relaciones Exteriores (Karen Longaric, de la gestión de la presidente Jeanine Añez; Rogelio Mayta y Celinda Sosa, de la gestión presidencial de Luis Arce Catacora) a conformar el «Consejo de la Orden» señalado en la ley.
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El presidente de Bolivia en su condición de Gran Mestre de la distinción estatal tiene la investidura para otorgar la distinción y en ninguna parte se autoriza a cualquier otra autoridad a entregarla, menos aún sin cumplir los requisitos de proposición por parte de ciudadanos o instituciones que así lo soliciten.
El artículo sexto de la propia ley, citada de forma sesgada en el acto, establece que «es atribución del Presidente de la República, conferir la Orden del Cóndor de Los Andes mediante una Resolución Suprema, previa decisión unánime del Consejo de la Orden que deberá estudiar todos los requisitos y méritos de la persona o institución propuesta». Todos estos preceptos fueron pasados por alto, al mejor estilo del caudillismo instalado en el gobierno a lo largo de dos décadas.
Es importante recordar que alrededor del 10% de la población boliviana radica en el exterior del país y se encuentra sin atención del servicio diplomático en 34 embajadas y alrededor de 60 oficinas consulares, datos imposibles de confirmar oficialmente en la página web de la Cancillería de Bolivia donde los números de contacto de emergencia literalmente no existen, son una página en blanco.
