La fuerza policial retornó al trópico de Cochabamba tras las siete semanas del conflicto que buscó la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Secuestraron drogas y encontraron una casa donde se modificaba el armamento. Hay un militar preso.
Fuente: El Deber
Por Mauricio Quiroz y Freddy Lacio
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El hallazgo de un centro de acopio de armas de fuego en el Chapare, donde también se las modificaba, elevó la alerta sobre la presencia de grupos irregulares en regiones que fueron escenario de bloqueos, ataques a policías y resistencia al ingreso de las fuerzas estatales.
Ante este escenario, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) puso en marcha el operativo ‘Retorno del Leopardo’ que comenzó el 1 de julio en una zona controlada por el sindicato cocalleo Villa 14 de Septiembre. Los agentes policiales aprendieron a seis personas, entre ellos tres ciudadanos colombianos y un subteniente del Ejército en servicio activo. En ese sitio se secuestró un alijo de pasta base de cocaína, sustancias químicas, un revólver, una escopeta, una carabina, cartuchos, dos camionetas sin placa y una motocicleta.
Horas después, los agentes y un fiscal allanaron otra vivienda que funcionaba como un taller clandestino para modificar y comercializar armamento. Allí fueron detenidas otras dos personas, una de ellas identificada como el ‘armero’.
En el lugar se encontraron rifles de caza, revólveres, munición calibre 38, proyectiles de guerra calibre 7,62 y munición para lanzagranadas. La investigación condujo posteriormente al Regimiento de Infantería RI-31 ubicado en Villa Tunari, en el centro del país, de donde pudieron haber salido estas armas y municiones.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que hubo una inspección en la unidad militar. Durante el procedimiento, explicó, fue aprehendido el subteniente encargado del material bélico y se precintaron la habitación y dependencias que estaban a su cargo.
El oficial encargado del material admitió preliminarmente ante el fiscal haber vendido municiones y granadas del cuartel con el argumento de que pretendía financiar “la compra de cámaras de seguridad” para la seguridad del cuartel.
Tras la requisa de su oficina y dormitorio fueron secuestradas 14 granadas de guerra de 40 milímetros, 54 granadas de aturdimiento, 288 proyectiles calibre 7,62, computadoras y teléfonos celulares. El oficial fue aprehendido y está a disposición del Ministerio Público. Las pesquisas deberán determinar quiénes compraban el material bélico, desde cuándo funcionaba la red y cuál era el destino final de las armas y municiones que salieron de allí.
El caso se destapó después de que Umopar retomara sus operaciones en el trópico, tras la paralización provocada por los bloqueos de mayo y junio. En el contexto de la operación, los agentes también destruyeron un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína y 16 fábricas de pasta base en las áreas de los sindicatos San Benito, Nueva Tacopaya y Nueva América. Las tres comunidades forman parte de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización dirigidas por Evo Morales.
El sociólogo Heny Oporto, director de la Fundación Milenio y uno de los autores de la investigación ‘Bolivia: la economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional’, sostiene que el fenómeno debe analizarse en un contexto nacional marcado por el crecimiento de las economías ilícitas y el debilitamiento institucional.
Según Oporto, Bolivia dejó de ser únicamente un país productor de hoja de coca y pasta base para convertirse en un centro de procesamiento de cocaína y en una ruta estratégica para el tráfico internacional. A ello se sumaron otras actividades ilegales como el contrabando, el lavado de activos y la minería ilegal. Para el investigador, este proceso fue posible por dos factores centrales: la captura de instituciones estatales y la inserción de actividades ilícitas dentro del tejido social. “La debilidad histórica del Estado boliviano se agravó con la cooptación de instituciones por parte de organizaciones sindicales, corporativas y políticas que formaron parte del sostén social de los gobiernos del MAS”, explicó el especialista.
En su criterio, esa situación permitió la conformación de redes de corrupción, protección e impunidad que afectaron, incluso, a organizaciones del Estado boliviano.
Hay evidencia de armas en manos de civiles en varios conflictos sociales
En noviembre de 2024 grupos vinculados con seguidores de Evo Morales ocuparon tres instalaciones militares en Cochabamba y retuvieron a uniformados y familiares. El Ejército los calificó entonces de “grupos armados irregulares”. Dirigentes cocaleros afirmaron que conformaron comités de autodefensa para evitar la intervención de los puntos de bloqueo que se habían instalado tras una acusación planteada contra el expresidente.
Pero, la presencia de civiles armados en protestas sociales también se reactivó entre mayo y gran parte de junio de este año, cuando se llevó adelante una movilización que buscó la renuncia del presidente Rodrigo Paz. De hecho, la Fiscalía aún investiga la muerte de un comunario en el altiplano.
Además, en San Julián, grupos de encapuchados dispararon contra policías y militares que intentaban despejar la ruta; cuatro efectivos resultaron heridos. También se detectó a personas ajenas al municipio en esas movilizaciones.
La Fiscalía investiga a Morales y a otros dirigentes por terrorismo y alzamiento armado.
