Que la idoneidad técnica y la meritocracia sigan supeditadas al lugar de nacimiento impreso en una cédula de identidad es, además de un anacronismo, un atropello legal que no podemos normalizar. Lo que viene sucediendo en Cochabamba, donde las máximas autoridades políticas de la región —Gobernador, Alcalde y el presidente de la Brigada Parlamentaria— se han unido para objetar públicamente que un profesional cruceño presida el directorio de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), no es defensa de los intereses locales; es discriminación pura y dura en el ejercicio del poder.
Sorprende, o más bien alarma, la ligereza con la que servidores públicos elegidos por el voto ciudadano como el Gobernador, Leonardo Loza; el Alcalde, Manfred Reyes Villa y el Presidente de la Brigada Parlamentaría de Cochabamba, Israel Mérida, confunden una empresa de carácter y alcance estrictamente nacional con una repartición municipal o una pulpería regional. ENDE no le pertenece a un departamento; le pertenece a todos los bolivianos. Su misión estratégica en el sector energético exige a los mejores perfiles del país en su conducción, sin importar si nacieron a orillas del Piraí, en los valles cochabambinos o en el altiplano.
Pretender vetar a un ciudadano por su origen geográfico como el caso del cruceño Zvonko Matkovic, vulnera el espíritu básico de la integración y desafía directamente el ordenamiento jurídico vigente. El artículo 14 de la Constitución Política del Estado es taxativo al prohibir cualquier tipo de exclusión basada en el lugar de nacimiento o vecindad. Más aún, la Ley N° 045 (Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación) es implacable y no reconoce fueros, inmunidades ni privilegios. Cuando una autoridad utiliza su micrófono institucional para restringir el derecho constitucional al trabajo de un profesional aduciendo que «no es de la región», está cruzando la línea de la retórica política para ingresar al terreno del código penal.
Este tipo de posturas retrógradas solo alimentan tensiones artificiales en un momento donde el país requiere, con urgencia, tender puentes y optimizar la gestión de sus empresas públicas. El regionalismo malentendido actúa como un lastre para el desarrollo. Bloquear el talento basándose en el localismo no solo degrada la calidad de la función pública, sino que institucionaliza un peligroso precedente de balcanización profesional.
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La normativa boliviana es explícita al respecto y no reconoce fueros, inmunidades ni privilegios para las autoridades electas o legisladores que incurran en estos atropellos. Al oponerse públicamente al derecho al trabajo de un ciudadano por su origen geográfico, tanto el Gobernador como el Alcalde y el presidente de la Brigada Parlamentaria arrastran una responsabilidad penal directa por el delito de discriminación, el cual contempla un agravante especial con penas de 1 a 5 años de prisión por tratarse de servidores públicos.
Esta figura penal invalida cualquier criterio de inviolabilidad parlamentaria si la objeción regionalista se canaliza formalmente para vetar a un profesional por ser cruceño, dejando la vía libre para que el afectado o las entidades defensoras de derechos presenten una denuncia penal ante el Ministerio Público o el Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Frente a la arbitrariedad localista, la ley debe prevalecer: el derecho a servir al país en igualdad de condiciones es un patrimonio de todo ciudadano que ninguna autoridad tiene la prerrogativa de arrebatar.
Si la política regional boliviana insiste en mirarse el ombligo mediante vetos absurdos, terminaremos asfixiando las pocas certezas técnicas que nos quedan. Ninguna geografía puede estar por encima de la dignidad humana, pues como bien enseña la historia, las naciones solo prosperan cuando el mérito y la fraternidad derriban los muros del campanario para dar paso a un solo horizonte común. Santa Cruz ya derribó esos muros. Si no lo creen, basta con preguntar cuánta gente del interior dirige hoy instituciones públicas en la capital oriental.
MSc. Hugo Salvatierra Rivero / Periodista y docente universitario