El reciente anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Banco Central de Bolivia (BCB) sobre el tránsito hacia un régimen de tipo de cambio flexible pone fin a casi 15 años de una paridad inamovible de 6,96 bolivianos por dólar. Esta medida, que ya se anticipaba dada la caída persistente de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el surgimiento de un mercado paralelo con cotizaciones altamente volátiles desde la gestión 2023 y la creación de un tipo de cambio referencial, marca un hito en nuestra historia económica reciente. Si bien existe un amplio consenso sobre la necesidad de esta corrección para equilibrar la macroeconomía, surge una interrogante: ¿es una medida oportuna si se aplica de forma aislada?
En el debate público, las posturas están fuertemente marcadas. Por un lado, el Gobierno y analistas como Gonzalo Chávez defienden la flexibilización como un «sinceramiento» ineludible de un mercado que, en la práctica, ya había absorbido los costos de la depreciación. Por otro lado, otros analistas como Jaime Dunn, en coincidencia con Jorge Quiroga, advierten que flexibilizar el tipo de cambio manteniendo el nivel de gasto público es el equivalente a «construir una casa sin cimientos», exigiendo un acuerdo de estabilización urgente. La oposición exacerba los riesgos de hiperinflación, mientras el oficialismo confía en una estabilización automática. Pero ¿quién tiene verdaderamente la razón?
Desde un enfoque académico, la respuesta es clara: una flexibilización aislada conlleva riesgos estructurales severos. En mi investigación de tesis de magíster, mediante el desarrollo y simulación de un modelo estructural calibrado para la economía boliviana encontré que transitar hacia un tipo de cambio flexible bajo condiciones de dominancia fiscal —es decir, manteniendo un déficit fiscal persistente que obliga al financiamiento por parte del banco central— amplifica dramáticamente la volatilidad y prolonga los ciclos inflacionarios.
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Por lo tanto, al igual que ocurrió con la eliminación parcial de la subvención a los combustibles, la flexibilización cambiaria no puede limitarse a un ajuste en las pizarras de los bancos y casas de cambio; exige una verdadera reforma integral. El éxito de este tránsito requiere ineludiblemente el reordenamiento de las finanzas públicas mediante una estricta disciplina fiscal. Solo reduciendo el déficit fiscal se puede frenar la hemorragia de divisas y devolverle la independencia operativa al BCB, puesto que esta independencia es el pilar fundamental para que el ente emisor recupere su credibilidad y cumpla con su mandato fundamental de preservar la estabilidad de precios.
Aquí radica la verdadera oportunidad para el país. Si esta corrección cambiaria se implementa de manera coordinada con las reformas estructurales mencionadas, Bolivia no solo evitará una crisis mayor, sino que abrirá la puerta a la modernización definitiva de su política monetaria. Según los resultados de mi investigación, la adopción de un régimen de Metas de Inflación (Inflation Targeting), sustentado en una flotación administrada, con disciplina fiscal e independencia del BCB, ha demostrado teórica y empíricamente ser superior para absorber shocks y proteger la economía. Es precisamente este esquema el que ha permitido a las economías vecinas mantener la estabilidad en las últimas dos décadas.
En conclusión, liberar el precio del dólar era un paso necesario, pero hacerlo sin disciplina fiscal ni independencia institucional del BCB podría resultar inoportuno y contraproducente. Si la medida queda aislada, los efectos inflacionarios asfixiarán aún más a una economía que ya ha sido devastada tras sufrir pérdidas por más de 2.800 millones de dólares durante los recientes 50 días de bloqueos. En cambio, si se asume el reto de una reforma integral, devolveremos a la economía al equilibrio y consolidaremos el paso hacia un régimen moderno de Metas de Inflación.
Angel Rafael Surco Chuquimia
(Es economista