El principal desafío del gobierno de Rodrigo Paz en los próximos meses será reconstruir la relación con la base política y social que hizo posible su llegada a la presidencia. En gran medida, el éxito de las medidas destinadas a enfrentar la crisis económica dependerá de la capacidad para construir acuerdos y consensos que les otorguen legitimidad y sostenibilidad. Ignorar esa necesidad implicaría el riesgo de reproducir escenarios de confrontación como los vividos durante los meses de mayo y junio.
Para decirlo en términos coloquiales, hay que comenzar por el principio, es decir lograr que el diseño de las medidas involucre también el análisis de eventuales reacciones y resistencias entre los distintos actores sociales y la argumentación que debe emplearse para asegurar que la consigna pese menos en el debate narrativo.
El gobierno ya sabe lo que piensa el movimiento sindical e indígena: el aprendizaje tomó más de 50 días. Lo que corresponde ahora es que, a la luz de lo aprendido, no se cometan los mismos errores que se cometieron, por ejemplo, con la aprobación del decreto 5503, la promulgación de la Ley 1720 de reconversión agrícola y otras iniciativas de trámite apurado que naufragaron antes de llegar a destino.
Algunos asesores del presidente Paz deben comprender, por ejemplo, que una parte importante de la población mantiene reservas frente a la apertura a la inversión extranjera en sectores estratégicos, al cierre de empresas públicas deficitarias o a modificaciones en la legislación agraria. No se trata simplemente de un rechazo a determinadas políticas, sino del resultado de más de dos décadas de una narrativa que convirtió esas posiciones en parte de una cultura política profundamente arraigada.
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Modificar esas percepciones exige un esfuerzo mucho mayor de explicación, diálogo y persuasión, capaz de demostrar, con resultados concretos, que las nuevas políticas pueden traducirse en mejoras reales para la población.
No se trata de que unos tengan razón y otros estén equivocados, ni de que unos sean racionales y otros no. Las personas interpretan la realidad desde su propia experiencia y desde el lugar que ocupan en la estructura social, moldeado por trayectorias históricas, económicas y culturales. Comprender esa realidad constituye una condición indispensable para construir acuerdos y conducir con éxito cualquier proceso de transformación.
Tal vez esa sea la mayor oportunidad que tiene el actual gobierno: comprender que la reactivación económica pasa también por la reconstrucción de la confianza y de los acuerdos que hacen posible gobernar. Ello exige superar tanto la miopía de quienes consideran que entender el escenario político y social es una pérdida de tiempo, como la visión tecnocrática de quienes reducen los problemas públicos a un conjunto de variables económicas.
Gobernar una transición implica algo más complejo: entender a la sociedad que se pretende cambiar, construir legitimidad para las reformas y generar consensos amplios para sostenerlas en el tiempo. Ese es, en última instancia, el puente que Bolivia todavía tiene que terminar de construir.