Diputados y senadores volverán a sesionar a plenitud el próximo 20 de julio; hay normas que están paralizadas.
El primero es el proyecto de Ley 425/2025-2026 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por Diputados y remitido al Senado. La norma llegó a la Cámara Alta después de medio año de ejecución presupuestaria, pero su tratamiento quedó interrumpido por el receso.
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El segundo es la ley para convocar elecciones judiciales complementarias y elegir a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y dos del Tribunal Supremo de Justicia que no fueron escogidos en los comicios parciales de 2024. También está pendiente una salida transitoria para las acefalías judiciales. En enero, una comisión de Diputados aprobó un proyecto para autorizar temporalmente al TCP a funcionar con cuatro magistrados y al TSJ con siete. Después surgió otra propuesta para designar magistrados interinos, pero fue cuestionada porque otorgaba al Ejecutivo una facultad que, según autoridades judiciales, no le reconoce la Constitución.
El cuarto proyecto es la Ley Antibloqueos, que cobró fuerza tras más de 50 días de conflicto en el país. La iniciativa continúa en la Comisión de Justicia Plural y todavía no cuenta con informe para pasar al pleno. Plantea penas de tres a seis años para quienes bloqueen vías, de cinco a ocho años para los organizadores y de 10 a 20 años cuando exista violencia o riesgo para la vida y el patrimonio. También prevé la reparación de daños.
Alarcón señaló que tanto el PGE reformulado como la Ley Antibloqueos podrían tratarse durante el receso. “No es una vacación donde se paraliza totalmente la Asamblea. Se pueden aprobar cuantas leyes sean necesarias mediante convocatorias específicas”, afirmó ayer en A Primera Hora de EL DEBER.
Un quinto asunto es una posible reforma vinculada con la Procuraduría General del Estado. La normativa vigente establece que el procurador es designado por el Presidente y que la Asamblea puede objetar esa decisión por dos tercios.
Para no paralizar por completo el Órgano Legislativo y atender los asuntos de extrema urgencia y necesidad del Estado (como el tratamiento del presupuesto reformulado o leyes pendientes), se designó el fin de semana a una comisión especial compuesta por nueve senadores y 18 diputados para analizar los temas que sean calificados de urgentes.
