La Paz.-La implementación de un tipo de cambio único y flexible, vigente desde el lunes 29 de junio de 2026, marca un hito en la política monetaria del país. ¿Qué implicaciones conlleva este ajuste (a 9.73 Bs/$) para la industria energética?
Usuarios: ¿Qué esperar de los precios?
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Se ha ratificado que no habrá variaciones en los precios de la gasolina y el diésel. En el caso de la gasolina, el precio se mantiene en 6,96 Bs/l —cifra que guarda una curiosa analogía con el tipo de cambio oficial anterior—. Esta estabilidad se justifica bajo el argumento de que el 40% de la gasolina consumida es de producción nacional, lo que compensa el costo de importación del 60% restante, cuyo valor supera el dólar por litro. En cuanto al diésel, el precio de 9,80 Bs/l se alinea ahora con el nuevo tipo de cambio, lo que debería mantener el diferencial de precios con los países limítrofes y, consecuentemente, desincentivar el contrabando.
En el ámbito eléctrico, el Gobierno anunció la continuidad del “Descuento Patria” (antes Tarifa Dignidad) y el congelamiento de las tarifas no sociales. Esta medida, aunque popular, resulta contraproducente: desincentiva la inversión necesaria en generación y transmisión, posterga la transición hacia fuentes renovables y perpetúa la quema de gas natural subvencionado en termoeléctricas. Como alternativa, hasta lograr un sinceramiento real de costos, cabría evaluar mecanismos de indexación similares a los del sector agua, utilizando las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) para reflejar la inflación.
YPFB y ENDE: Los desafíos de las estatales.
Para YPFB, la unificación cambiaria es un arma de doble filo. Si bien facilita el acceso a divisas para pagar sus obligaciones externas —liberándola de las restricciones previas—, su salud financiera sigue comprometida. Con precios de combustibles congelados, la rentabilidad de la estatal depende de que el precio internacional del petróleo se mantenga por debajo de los 70 $/bbl (tras los picos de 115 $/bbl registrados durante la crisis con Irán). No obstante, la caída en los ingresos por participación en las utilidades de las petroleras limita su capacidad de reinversión en exploración e infraestructura, como oleoductos clave para reducir la dependencia del transporte por carretera. La unificación cambiaria es un paso positivo para atraer capital, pero la reactivación del sector sigue supeditada a una nueva Ley de Hidrocarburos.
Por su parte, ENDE enfrenta un panorama similar: sin un ajuste tarifario que refleje los costos reales, la empresa estatal mantendrá severas limitaciones tanto para el mantenimiento de su infraestructura como para la expansión del sistema. El futuro del sector eléctrico, al igual que el de los hidrocarburos, depende críticamente de la aprobación de una nueva Ley de Electricidad, pendiente de discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El impacto fiscal y el rol del Estado
La subvención implícita en el congelamiento de precios y tarifas presiona las arcas públicas, limitando la capacidad de financiar programas sociales y agravando el déficit fiscal. Mientras que en otras economías los impuestos a los combustibles son una fuente vital de ingresos, en Bolivia el Estado asume el costo de la subvención, renunciando a recaudaciones significativas. A largo plazo, el nuevo esquema cambiario abre una ventana de oportunidad: el Estado podría aliviar su carga financiera permitiendo una mayor participación del sector privado en la comercialización de carburantes (hoy monopolio de YPFB) y en la generación eléctrica mediante fuentes renovables, delegando así prerrogativas que hoy asfixian el presupuesto nacional.