En el debate público ha reaparecido la propuesta de distribuir en una proporción de 50-50 los recursos fiscales captados por el Estado central entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas: gobernaciones, municipios, universidades públicas y otras instituciones. La propuesta busca corregir los desequilibrios en la asignación de recursos y fortalecer la capacidad financiera de las regiones.
El planteamiento merece una discusión seria. Sin embargo, antes de analizar la conveniencia del porcentaje o la forma de distribución, conviene formular una pregunta más elemental: ¿qué es exactamente lo que se pretende repartir?
Esta pregunta parece sencilla, pero constituye el punto de partida de todo razonamiento económico. Ninguna sociedad puede distribuir aquello que no produce. Toda política distributiva presupone la existencia de un excedente económico generado previamente por la actividad productiva. Sin excedente, la distribución deja de ser un problema de asignación de riqueza y se convierte en un problema de administración de la escasez.
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La economía boliviana atraviesa actualmente un conjunto de dificultades ampliamente conocidas: bajo crecimiento, desempleo, escasa productividad, débil inversión, limitada expansión de las exportaciones, inflación creciente, reducción de las Reservas Internacionales Netas, elevado endeudamiento externo y aumento de la deuda interna. Estos factores describen una máquina económica cuya capacidad para generar nuevos excedentes se encuentra debilitada.
En estas condiciones, la discusión sobre el 50-50 adquiere otra dimensión. El problema ya no consiste únicamente en determinar cuánto debe corresponder al Estado central y cuánto a las entidades territoriales. La cuestión decisiva es establecer cuál es la magnitud real de los recursos disponibles para distribuir.
El Estado financia sus gastos mediante impuestos, regalías, participaciones, ingresos provenientes de empresas públicas y otras fuentes. Cuando la economía crece, la producción aumenta y las exportaciones se expanden, la base fiscal también se fortalece. En ese escenario, la discusión sobre los criterios de distribución encuentra un fundamento económico sólido.
Pero cuando la producción pierde dinamismo, la inversión disminuye, las exportaciones se estancan y el endeudamiento aumenta para sostener el gasto público, la situación cambia. La masa de recursos disponibles deja de crecer al ritmo de las necesidades del Estado y de las regiones. En consecuencia, la discusión sobre los porcentajes corre el riesgo de convertirse en una disputa por una base fiscal cada vez más reducida.
Desde esta perspectiva, la pregunta central ya no es si el 50-50 representa una distribución más equitativa, sino una cuestión anterior: ¿existe un excedente suficiente para sostener esa distribución?
Si dicho excedente no existe, las alternativas son limitadas. Puede redistribuirse el ingreso ya existente; puede recurrirse al endeudamiento; puede financiarse parte del gasto mediante emisión monetaria, con sus efectos inflacionarios; o pueden formularse compromisos cuya sostenibilidad futura resulta incierta. Ninguna de estas alternativas equivale a distribuir nueva riqueza.
Con frecuencia, el debate político invierte el orden lógico del problema. Se discute primero la forma de repartir los recursos y solo después se considera cómo generar la riqueza que hará posible esa distribución. Sin embargo, la secuencia económica es exactamente la inversa. Primero se produce, luego se genera un excedente y, finalmente, ese excedente puede distribuirse.
Por ello, la prioridad debería consistir en reconstruir la capacidad de la máquina económica para producir riqueza: estimular la inversión, elevar la productividad, ampliar las exportaciones, fortalecer el empleo y recuperar la estabilidad macroeconómica. Solo sobre esa base la discusión acerca de la distribución de los recursos públicos puede adquirir un carácter sostenible.
Las propuestas económicas no deberían evaluarse únicamente por la legitimidad de sus objetivos, sino también por las condiciones reales de la economía sobre la cual pretenden aplicarse. La responsabilidad de los ciudadanos, de los analistas y de quienes diseñan políticas públicas consiste precisamente en distinguir entre aquellas propuestas que parten de un diagnóstico de la realidad y aquellas que presuponen condiciones que la economía todavía no ofrece.
En definitiva, la discusión sobre el 50-50 no comienza con la pregunta «¿cómo distribuimos?», sino con otra mucho más fundamental: «¿qué riqueza ha producido la máquina económica para ser distribuida?». Sin responder primero esta cuestión, el debate corre el riesgo de concentrarse en los porcentajes e ignorar el problema esencial: la capacidad de la economía para generar excedentes de manera sostenida. Si, además, el marco institucional y constitucional vigente limita la inversión, la acumulación de capital y la expansión de la producción, entonces la discusión deja de ser únicamente distributiva y se convierte también en una reflexión sobre las condiciones que hacen posible la creación de riqueza. En ese caso, ninguna fórmula de reparto, incluido el 50-50, podrá sustituir la necesidad de revisar aquellos factores estructurales que impiden el crecimiento de la máquina económica.
Fernando Untoja Ch.